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Debate sobre "Eutanasia" - Relatoría y Propuesta
Por Dr. Dr. iur. Enrique Díaz Aranda1

    En la primera mesa, la eutanasia se abordó fundamentalmente desde dos perspectivas: la interpretación del Derecho penal vigente y del Derecho comparado. Así, interpretando el Derecho penal vigente en México, se trató de dilucidar si quien ejecuta la muerte de quien lo solicita es solamente un auxiliador en un suicidio o es un autor de homicidio y, de igual forma, se señalaron cuáles son los alcances del consentimiento del sujeto pasivo en la eutanasia. En cuanto al Derecho comparado se expusieron las soluciones a la eutanasia en tres Estados: Holanda, Estados Unidos y Colombia. Cabe resaltar que en los tres países la vía para ofrecer una solución al problema inició con la reinterpretación judicial de la legislación penal. Cada una de esas exposiciones puede leerse en las respectivas ponencias. En esta relatoría ofreceré una interpretación personal sobre el tema.

    A. Cuestiones Preliminares

    El término eutanasia proviene de los vocablos griegos: eu y thanatos los cuales significan buena muerte. Sin embargo, en la mesa, se pudo comprobar la diversidad de hipótesis o supuestos que suelen identificarse como eutanasia; dos de esos supuestos son los más comunes y existen otras tres hipótesis asociadas a dicho término, a continuación los señaló y expongo las soluciones que conforme a una primera interpretación del Derecho penal mexicano vigente se pueden sostener.

    B. Casos Asociados al Término Eutanasia y Soluciones Jurídicas Tradicionales

    1. Privar de la vida a otro por móviles de piedad

      Desde ahora conviene desechar este supuesto como eutanasia, porque sólo se refiere a los motivos o razones que impulsan al homicida a privar de la vida a otro sin tomar en consideración qué opina quien va a morir. Precisamente como la víctima no ha pedido su muerte ni la consiente voluntariamente, entonces quien la priva de la vida (sujeto activo) comete el delito de homicidio previsto en el artículo 302 del Código penal mexicano y dicha conducta se sanciona con pena privativa de la libertad de 12 a 24 años de prisión (artículo 307 del mismo ordenamiento). Los móviles altruistas o de piedad que guiaron al homicida sólo atenuarán su culpabilidad y ello deberá valorarlo el juez para, en su caso, imponer la pena mínima prevista en la ley, que es de 12 años de prisión.

      Se debe precisar que los móviles del sujeto activo no pueden justificar el homicidio de un tercero, pues ello supondría dejar en manos de otro la valoración de nuestra propia vida. Conceptos como felicidad, dignidad, dolor o sufrimiento, son relativos y, por ello, sólo el titular de la vida puede decidir si su vida vale o no la pena. De ahí que si dijéramos que un tercero o el Estado puede valorar lícitamente sobre nuestra propia existencia al grado de decidir si debemos o no continuar con nuestra vida, entonces estaríamos abriendo las puertas para la comisión impune del delito contra la humanidad denominado: genocidio, cuya práctica durante el régimen nacionalsocialista Nazi es por todos conocida y rechazada.

      Por lo anterior, insisto, al hablar de eutanasia debemos desechar cualquier supuesto en el que no se cuente con la opinión, consentimiento y solicitud del sujeto que va a morir.

    2. Privar de la vida a quien lo solicita.

      Son muchos los motivos que pueden llevar al ser humano a decidir morir, pero en la toma de tal decisión subyace fundamentalmente la falta de un motivo para vivir.

      Sin embargo, bajo el rubro de eutanasia no pueden quedar comprendidos supuestos en los cuales el sujeto pide su muerte debido a un padecimiento psicológico, por ejemplo, por depresión o por haber terminado una relación amorosa.

      En efecto, en este debate sobre eutanasia sólo se ha analizado el supuesto en que el enfermo en fase terminal solicita su muerte. Así entendida la eutanasia, podemos analizar las diversas hipótesis que se pueden presentar:

      1. Eutanasia activa directa, la cual consiste en provocar la muerte del paciente en el momento en que lo solicita. Estos supuestos son el tema central de esta mesa y de acuerdo con nuestra legislación vigente se sancionan con pena privativa de la libertad de cuatro a doce años de prisión (art. 312 del Código penal). No obstante, para estos supuestos existen diversas vías de interpretación a través de las cuales podría quedar impune la conducta del médico que accede a la solicitud de muerte del paciente, de ello me ocuparé en el último apartado de mi exposición.

      2. Eutanasia activa indirecta o eutanasia lenitiva, la cual supone administrar al paciente calmantes para mitigar o aliviar dolores, aunque ello traerá como consecuencia secundaria la anticipación del momento de la muerte. En estos casos el médico cumple con los deberes impuestos por la lex artis que le ordenan mitigar el dolor y por ello su conducta queda fuera del radio de prohibición de las normas penales y no puede ser considerada como típica y, en consecuencia, no puede ser constitutiva de delito.

      3. Eutanasia pasiva, la cual implica no iniciar o interrumpir el tratamiento o cualquier otro medio que contribuya a la prolongación de la vida que presenta un deterioro irreversible o una enfermedad incurable y se halla en fase terminal, acelerando el desenlace mortal. Desde la perspectiva del Derecho penal vigente, la conducta del médico que no aplica o interrumpe el funcionamiento de los medios extraordinarios sólo se disculpa cuando dichos medios son empleados para salvar otra vida con mejor pronóstico (estado de necesidad exculpante), es decir, cuando el médico se encuentra ante dos pacientes y sólo cuenta con los medios para prolongar la vida de uno de ellos.

      4. Ortotanasia, consiste en omitir la aplicación de los medios de prolongación artificial de la vida cuando se ha verificado la muerte cerebral y se da paso al denominado estado vegetativo. Como la ley general de salud señala que la pérdida de la vida se verifica con la muerte cerebral (artículo 343), entonces, aunque el sujeto haya manifestado previamente su deseo de morir, no estaríamos ante un supuesto de eutanasia dado que el sujeto ya está muerto.

      5. Proponer al enfermo terminal su muerte y hacer nacer en él dicha resolución; en estos supuestos se interfiere decisivamente en la toma de la decisión y, por ello, el médico o cualquier tercero que induce al enfermo incurre en el delito de inducción al suicidio cuya sanción es de uno a cinco años de prisión (artículo 312 del Código penal).

      6. Proporcionar al enfermo terminal los medios para provocar su muerte, como acaecería si se le dieran el vaso con la solución de cianuro al paciente para que él mismo la beba o en el supuesto de las llamadas “máquinas de la muerte” en las cuales el paciente mismo puede accionar el mecanismo de activación del aparato. Aunque estos supuestos quedarían dentro de la hipótesis de auxilio al suicidio y la pena a imponer sería la de uno a cinco años de prisión (artículo 312 del Código penal), considero que dichos supuestos también podrían dejar de ser sancionados por el Derecho penal a través de una reinterpretación que permita al médico auxiliar al enfermo terminal que lo solicita, de ello también me ocuparé en el siguiente apartado.

      Hasta donde alcanzo a ver, las anteriores son las distintas hipótesis y soluciones tradicionales que se presentan en torno a la eutanasia conforme al Derecho penal vigente en México. A continuación concentraré mi exposición y mi propuesta de interpretación para la llamada eutanasia activa directa (inciso 2, a)) y el auxilio a la eutanasia (inciso 2, f)).

    C. Propuesta de Solución

    En México es común tratar de solucionar problemas como el de la eutanasia proponiendo reformas a la ley. Sin embargo, desde mi punto de vista, se pueden encontrar mejores soluciones a través de la interpretación al Derecho vigente. Para ofrecer una propuesta de solución primero se debe tener en cuenta que el suicidio no es un acto prohibido por las leyes penales mexicanas y, por tanto, se puede afirmar que el suicido no es un delito.

    El legislador penal mexicano no ha aclarado, en la exposición de motivos del Código penal, por qué no se sanciona el suicidio y, por ello, se necesita recurrir a la interpretación, al efecto existen dos posturas:

    1. La postura tradicional argumenta razones de política criminal; pues quien ha atentado contra su vida ya no se le puede aplicar la pena y, en el caso del suicidio frustrado, si se impusiera al sujeto una pena privativa de libertad, ello sería tanto como decirle que se le castiga por haber fallado en la provocación de su propia muerte.

    2. En las sociedades contemporáneas de talante plural y democrático se puede llegar a considerar que, bajo determinadas circunstancias, el suicido es la máxima expresión de la libre autodeterminación de la vida.

    Existe una sociedad plural y democrática en aquellos países en los cuales su carta magna o Constitución reconoce los siguientes Derechos fundamentales del individuo: Derecho la libertad; Derecho al libre desarrollo de la personalidad; Derecho a la libertad ideológica y Derecho a la dignidad humana.

    A diferencia de las Constituciones alemana y española,2 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no reconoce con formulas tan generales dichas garantías; pero sí reconoce específicas formas de manifestación de dichas garantías, a saber: la libertad, prohibiendo cualquier forma de esclavitud (artículo 2) o pacto que menoscabe la libertad (artículo 5 párrafo 5°), así como la protección a los ciudadanos contra detenciones arbitrarias por la autoridad (artículo 14 párrafo 2°); el libre desarrollo de la personalidad para elegir profesión o trabajo (artículo 5° párrafo 1°); libertad ideológica para impartir cátedra (artículo 3, fracción VII), manifestar ideas (artículo 7) o profesar cualquier culto religioso (artículo 24); la dignidad humana deberá orientar a la educación (artículo 3, fracción II, inciso C) y será uno de los pilares de la rectoría del Estado en el desarrollo nacional (artículo 25).

    Aunado a lo anterior, México ha suscrito y ratificado la Declaración Universal de Derechos Humanos, por la cual se obliga a proteger: la libertad del individuo (artículos 3 y 12); el libre desarrollo de la personalidad de sus ciudadanos (artículo 22 fracción I) y la libertad ideológica (artículo 24).

    Por ello, aunque la Constitución de 1917 no estableció formulas tan acabadas como las incluidas en las constituciones europeas a partir de la segunda mitad del siglo XX, lo cierto es que las reformas y los tratados internacionales suscritos y ratificados por nuestro país - los cuales son ley suprema de acuerdo con el artículo 133 de la Constitución- nos pueden llevar a sostener que en México están vigentes los Derechos: a la libertad; al libre desarrollo de la personalidad; a la libertad ideológica y, a la dignidad humana, como una manifestación del Estado social y democrático de Derecho. Si esto es así, entonces, podemos sostener la existencia de un Derecho a la libre disposición de la vida por su titular.

    Por otra parte, el Código penal vigente en México data de 1931, mientras que el debate sobre la eutanasia activa directa cobra importancia a partir los años sesenta con el avance de la tecnología y su aplicación en la medicina; ejemplos como el soporte ventilatorio a través de respiradores automáticos o las técnicas de resucitación cardiopulmnar y los métodos invasivos hemodinámicos, nos pueden ilustrar cómo es que en la actualidad se puede prolongar la vida de un enfermo terminal, pero ello no significa curar la enfermedad sino sólo retardar el momento de la muerte con sufrimientos, es decir, con dichos medios se consigue prolongar la agonía del paciente. Atento a lo anterior, se puede afirmar que el legislador penal de 1931 no emitió la norma penal contenida en el artículo 312 del Código penal vigente para prohibir y sancionar específicamente los casos de eutanasia activa directa ya que ello no formaba parte de la realidad de aquel entonces.

    A mayor abundamiento, el 10 de enero de 1994 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación una reforma al Código penal federal, la cual establece que el consentimiento del titular del bien jurídico afectado es una causa de exclusión del delito (artículo 15 fracción III del Código penal vigente). Esto significa que cuando el titular de un bien jurídico pide a otro la lesión de dicho bien, entonces, la conducta de quien obedece o realiza la conducta solicitada, no es constitutiva de delito y, por tanto, no puede ser sancionado con pena privativa de libertad.

    En resumen, como el legislador de 1931 no emitió el artículo 312 del Código penal para sancionar la eutanasia activa directa y como la disponibilidad de la propia vida es un Derecho fundamental, entonces, quien priva de la vida al enfermo terminal que lo solicita no incurre en responsabilidad penal dado que dicho supuesto no está dentro del ámbito de protección de la norma jurídico penal y, por esa razón, dicha hipótesis de eutanasia queda fuera del radio de imputación al tipo objetivo (teoría de la imputación al tipo objetivo). La misma conclusión se puede aplicar a quien sólo auxilia al enfermo terminal para provocar su propia muerte.

    En este orden de ideas, si el hombre es un fin en sí mismo y si, como hemos sostenido, existe un Derecho fundamental a la libre disponibilidad de la vida por su titular y, si por otra parte, la prohibición penal de privar de la vida a quien lo solicita no fue emitida por el legislador para sancionar penalmente a quienes practican la eutanasia activa directa -porque no tuvo en cuenta esos supuestos en 1931- y si, por último, el consentimiento del titular del bien jurídico afectado es una causa de exclusión del delito, entonces si el médico priva de la vida al paciente terminal que lo solicita no cometerá el delito de homicidio consentido previsto en el artículo 312 del Código penal y tampoco incurrirá en el delito de auxilio al suicidio si el médico sólo auxilia al enfermo terminal para que él mismo ponga fin a su vida.

    Por supuesto que una propuesta como la anterior requiere de criterios bien definidos que eviten abusos. Al efecto, se debe partir de los requisitos señalados en la misma fracción III del artículo 15 exigiendo no sólo la capacidad jurídica del paciente, sino también que haya sido informado, haciéndole conocer en términos accesibles su diagnóstico y pronostico. Claro está que dicho diagnóstico de enfermedad terminal deberá confirmarse por el comité ético del hospital o cuando menos por otro especialista. Amén de que el consentimiento del paciente sea serio, reiterado y expreso, sin que pudiera proceder el consentimiento tácito ni otorgar la facultad a ninguna otra persona para poder decidir en lugar del enfermo.

    Si los órganos judiciales emitieran una interpretación como la anterior y establecieran con claridad los requisitos necesarios para la práctica de la eutanasia activa directa, entonces los enfermos terminales podrían saber que sólo su voluntad puede ayudarlos a evitar una agonía innecesaria y, a su vez, evitaría poner entre la espada y la pared al médico que sabe que no puede curar al enfermo y sólo le está alargando la agonía para evitar ser sancionado penalmente.

    Notas:
    1 Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
    2 Sobre estos artículos y su discusión, cfr. DÍAZ ARANDA, Enrique. Dogmática del suicidio y homicidio consentido. Madrid. España. Ed. Universidad Complutense de Madrid y Ministerio de Justicia. 1995. especialmente págs. 93 - 119.

 
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