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REFORMAS AL CÓDIGO CIVIL EN MATERIA DE MATRIMONIO

Ingrid BRENA SESMA *

I. INTRODUCCIÓN

El 28 de abril del 2000 fue aprobado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal el "Decreto por el que se derogan, reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal". A pesar del título del decreto, no se trata en realidad de una reforma o adición al texto anterior, pues la Asamblea Legislativa carece de competencia para reformar un código que también tenía validez en ámbito federal. En nuestro concepto de trata de la promulgación de un código que toma parte del texto del Código Civil aún vigente en materia federal y lo presenta junto con las reformas introducidas que se incluyen en el decreto como el Código Civil para el Distrito Federal.

Hecha esta aclaración, no formularé más comentarios al respecto en espera de que otros especialistas analicen el tema. El presente estudio se referirá exclusivamente, de entre las numerosas reformas en materia de familia, únicamente a aquellas que están relacionadas con el matrimonio.

II. DEFINICIÓN DE MATRIMONIO

La primera novedad que, a mi juicio, requiere comentario es la definición de matrimonio contenida en el artículo 146. La pregunta que consideramos como obligada ante ella es ¿corresponde a un código elaborar definiciones? Algunos autores darían una respuesta negativa al afirmar que los códigos, como sistemas normativos, no deben ser considerados como los espacios para incluir definiciones jurídicas que corresponden en todo caso a la doctrina y a la jurisprudencia. La práctica legislativa en nuestro país, sin embargo, nos proporciona una respuesta contraria. Así, podemos constatar fácilmente que ha sido frecuente que un código contenga definiciones, ejemplo de ello son las de ciertos contratos que el Código Civil, ahora federal, contiene.

La justificación a la definición actual de matrimonio podríamos encontrarla en la intención del legislador de dejar claro el tipo de uniones personales de convivencia a los que la ley quiere reconocer el rango de matrimonio. Se considerará como tal: "la unión libre de un hombre y una mujer para realizar la comunidad de vida, en donde ambos se procurarán respeto, igualdad y ayuda mutua, con la posibilidad de procrear hijos de manera libre, responsable e informada. Debe celebrarse ante el juez del registro civil y con las formalidades que esta ley exige".

De la definición derivamos que la unión matrimonial para el Código Civil tiene carácter monógamo, heterosexual y libre.

III. FINES DEL MATRIMONIO

Otra de las reformas de trascendencia la constituye el señalamiento de los que deben ser considerados como fines del matrimonio: la comunidad de vida, la procuración de respeto, igualdad y ayuda mutua. La procreación también puede ser una finalidad de la unión matrimonial, pero sólo como una posibilidad y no como un fin necesario. ¿Significa lo anterior una nueva concepción del matrimonio? Desde luego que sí, pero el cambio no se da a partir de la reciente reforma legal, por el contrario, se ha generado a partir de las transformaciones que ocurren en la estructura de la relación de pareja dentro del matrimonio.

El concepto del matrimonio estable durante largos siglos en toda la cultura judeo-cristiana ha experimentado en los últimos tiempos una evolución tal que difícilmente reconoceríamos y aceptaríamos en la actualidad una vinculación matrimonial como la establecida en siglos pasados.

La equitativa relación de la pareja con idénticos derechos y deberes tanto para hombre como para la mujer; la igualdad de derechos de los hijos nacidos dentro o fuera del matrimonio, y el divorcio son algunos de los cambios más significativos en la pareja que ya habían sido recogidos por la legislación civil. En cuanto a la procreación como finalidad necesaria del matrimonio, ya el legislador desde 1928 no la reglamentó como tal. Si bien en la regulación de las capitulaciones, el código anterior establecía que cualquier condición contraria a la perpetuación de la especie se tendría por no puesta, no por ello podemos inferir que el legislador haya querido considerar a la perpetuación de la especie como un fin necesario del matrimonio.

Por otra parte, la reforma no hace sino confirmar la norma constitucional que reconoce la libertad procreacional: "Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos". La norma incluye, desde luego, la posible decisión de no tener hijos y el fundamento de la negativa puede estar en la edad, cuando la pareja ha superado la etapa fértil de sus vidas; tienen hijos de matrimonios anteriores; padecen alguna enfermedad que cause esterilidad o algún problema de transmisión genética, o simplemente, en ejercicio de su libertad, la pareja decide no tener hijos. Estas personas pueden buscar, en cambio, la posibilidad de constituir con otra persona de sexo contrario una comunidad de vida plena, permanente, y reconocida social y jurídicamente como matrimonio.

El derecho iría demasiado lejos si permitiera a un cónyuge exigir a su pareja tener hijos y educarlos contra su voluntad. La procreación y la formación de la prole es, por excelencia, la expresión de la libertad para adquirir serias responsabilidades para toda la vida. La experiencia ha demostrado que desafortunadamente los hijos no deseados, generalmente devienen en niños maltratados.

Además, si la procreación es un fin del matrimonio, el débito conyugal está implícito en la relación matrimonial. Los canonistas definen al débito como la obligación que en matrimonio tiene cada uno de los cónyuges de realizar la cópula con el otro cuando éste lo exija o pida. Para Rojina Villegas* con el matrimonio surgen varios derechos subjetivos que se manifiestan en facultades y una de ellas es el derecho a la relación sexual con el débito carnal correspondiente, "Evidentemente que como en todos los problemas de derecho de familia, debe prevalecer el interés superior de la familia, de tal suerte que en el caso se trata no sólo de una función biológica, sino también de una función jurídica para dar cumplimiento a los fines del matrimonio". Tal afirmación parte de las concepciones doctrinales que determinan la perpetuación de la especie como el fin principal del matrimonio y en tal virtud debe entenderse que cada cónyuge está facultado para exigir el débito conyugal.

El actual desarrollo de los derechos humanos no permite concebir un deber que vaya en contra del respeto a la intimidad e integridad del ser humano. Las personas no son el objeto para la consecución de un fin sino son sujetos con dignidad y con derecho a ejercer su libertad procreacional.

Con base en los argumentos expuestos, considero acertada la reforma que señala a la procreación como un fin del matrimonio susceptible de ser elegido. La pareja es libre para decidir si quiere asumir el compromiso de la maternidad o de la paternidad y, en todo caso, de decidir el número y espaciamiento de sus hijos. En ese mismo sentido se expresa el artículo 162 del mismo código: "Los cónyuges tienen derecho a decidir de manera libre, informada y responsable sobre el número y espaciamiento de sus hijos, así como emplear, en los términos que señale la ley, cualquier método de reproducción asistida, para lograr su propia descendencia. Este derecho será ejercido de común acuerdo por los cónyuges".

IV. FORMALIDADES

Por último, la definición de matrimonio incluye la necesaria formalidad ¿o solemnidad? del acto ante el juez del registro civil con la satisfacción de los requisitos que la ley exige. Esta disposición reafirma que las leyes del Distrito Federal sólo reconocen el matrimonio celebrado ante autoridades civiles.

V. EDAD PARA CONTRAER MATRIMONIO

Establece el artículo 148:

Para contraer matrimonio es necesario que ambos contrayentes sean mayores de edad.

Los menores de edad podrán contraer matrimonio, siempre que ambos hayan cumplido 16 años. Para tal efecto, se requerirá el consentimiento de quienes ejerzan la patria potestad, o en su defecto, la tutela, y a falta o por negativa o imposibilidad de éstos, el juez de lo familiar suplirá dicho consentimiento, el cual deberá ser otorgado atendiendo a las circunstancias especiales del caso.

La intención del legislador de aumentar la edad matrimonial es buena. La experiencia ha demostrado que los matrimonios de adolescentes frecuentemente terminan en el abandono de uno de ellos o en el divorcio. La falta de madurez para mantener en armonía la vida en pareja y enfrentar los problemas derivados de la convivencia conlleva la necesidad de un cierto grado de desarrollo personal. Los 18 años no son, desde luego, garantía de éxito matrimonial pero permiten presuponer una mayor madurez de la pareja para afrontar la vida común.

Desafortunadamente la redacción de este precepto no fue la más correcta; en el primer párrafo se exige a los contrayentes ser mayores de edad y en el segundo, y no como excepción, señala que los menores mayores de 16 años puedan contraerlo si cuentan con los consentimientos exigidos. De manera que aunque se pretendió elevar la edad matrimonial a 18 años, ésta quedó fijada en los 16 puesto que no se requiere dispensa alguna para contraer nupcias a esa edad y sólo requiere del consentimiento de quienes ejercen la patria potestad o la tutela o en su defecto de autorización judicial.

La reforma fue producto de propuestas de diversas organizaciones no gubernamentales las cuales, por cierto, ya habían sido recogidas por algunos códigos estatales. A pesar de las buenas intenciones, se considera que la fórmula empleada en el precepto que se comenta va a presentar problemas al momento de su aplicación, derivados de la falta de distinción entre "consentimiento" y "dispensa". Al parecer, al legislador se le pasó por alto la sutileza de distinguir entre consentimiento otorgado para que un menor de edad pueda realizar actos jurídicos y la dispensa que otorgaba en el código anterior el juez del Registro Civil, para que los menores pudieran contraer matrimonio sólo ante la presencia de causas graves que justificaban la unión matrimonial de menores de edad.

Adecuadamente se derogan los artículos 149 al 152 que en forma por demás casuística planteaban el señalamiento acerca de quienes debían otorgar consentimiento para la celebración del matrimonio. Los preceptos resultaban repetitivos de las reglas generales contenidas en los capítulos de patria potestad y de tutela.

VI. IMPEDIMENTOS

La fracción XVIII del artículo 156 considera como impedimento para celebrar matrimonio, la impotencia incurable para la cópula, pero éste es dispensable si el padecimiento es conocido y aceptado por el otro contrayente. La dispensa abre la oportunidad para que aquellas personas que por edad o por alguna deficiencia no puedan realizar la cópula puedan contraer matrimonio. La nueva disposición concuerda con el señalamiento de que la procreación no es reconocida como un fin necesario dentro del matrimonio.

El otro impedimento dispensable es padecer enfermedad crónica e incurable, que sea además contagiosa o hereditaria, cuando ambos contrayentes acrediten haber obtenido de institución o médico especialista el conocimiento de los alcances, los efectos y la prevención de la enfermedad que sea motivo del impedimento y manifieste su consentimiento para contraer matrimonio.

Esta dispensa causará polémicas debido a la posibilidad de que las enfermedades hereditarias afecten, además de la persona de los contrayentes, a la salud de posibles generaciones futuras. La decisión involucra no sólo a los intereses de los contrayentes sino a la de su posible descen-dencia.

El parentesco civil extendido hasta las descendientes del adoptado en los términos señalados por el artículo 410-D es otro impedimento para contraer matrimonio, según expresa la fracción XII del artículo 156. El 410-D señala que los efectos de la adopción para el caso de las personas que tengan vínculos de parentesco consanguíneo con el menor o incapaz que se adopte; se limitarán al adoptado y al adoptante.

En este punto la reforma se vuelve contradictoria, pues por un lado deroga la regulación de la adopción simple y por el otro la reconoce al señalar efectos restringidos a la adopción entre parientes, la cual no llega a convertirse en plena pues subsisten los lazos de parentesco con la familia consanguínea del adoptado. Pero además, la fracción que se comenta quedó incompleta porque si bien es cierto que el adoptante no puede contraer matrimonio con el adoptado o sus descendientes siguiendo la regla del artículo 410, tampoco el adoptado puede contraer matrimonio con el ascendiente del adoptante ni con los otros hijos naturales o adoptados del adoptante, quienes son legalmente sus hermanos, y en el caso de los colaterales en línea desigual siguiendo la misma regla, requerirá de dispensa judicial y estas posibles circunstancias no se mencionan.

VII. PROHIBICIÓN PARA QUE LA MUJER SE CASE ANTES DE 300 DÍAS DESPUÉS DE LA DISOLUCIÓN DE SU MATRIMONIO ANTERIOR

Sin más se derogó el artículo 158 del código anterior: "la mujer no puede contraer nuevo matrimonio sino hasta pasados 300 días después de la disolución del anterior, a menos que dentro de ese plazo diere a luz un hijo. En los casos de nulidad o de divorcio puede contarse ese tiempo desde que se interrumpió la cohabitación". La supresión ocasionará problemas para establecer la filiación del hijo nacido de un nuevo matrimonio de la mujer nacido dentro de los 300 días siguientes a la disolución del matrimonio anterior.

El problema podría haberse resuelto -no con la prohibición para que la mujer, casada con anterioridad, contrajera matrimonio antes de 300 días de la disolución de su previo casamiento, según el código mencionado- al establecer como requisito que ella presentara un certificado médico de no embarazo o cuando hubiere dado a luz un hijo dentro de dicho plazo. Esta medida permitiría establecer la filiación del hijo que naciera dentro de los 300 días siguientes a la disolución del matrimonio si la madre volviera a contraer posteriormente nuevas nupcias.

VIII. EFECTOS DE LOS MATRIMONIOS DE MEXICANOS CASADOS EN EL EXTRANJERO

Artículo 161 expresa: "Los mexicanos que se casan en el extranjero se presentarán ante el Registro Civil para la inscripción de su acta de matrimonio dentro de los tres meses de su radicación en el Distrito Federal". La anterior regla del artículo 161 era aplicable a un Código Civil Federal, pues se refería a los mexicanos que llegaran a la república. La disposición actual se circunscribe a quienes radiquen en el Distrito Federal, pero sin justificación alguna se suprimió la segunda parte del artículo 161 anterior que señalaba: "Si la transcripción se hace dentro de esos tres meses, sus efectos civiles se retrotraerán a la fecha en que se celebró el matrimonio; y si hace después, sólo producirá efectos desde el día que se hizo la trascripción". En la nueva redacción no se formula ninguna aclaración que sustituya a la anterior.

Desafortunadamente no se aprovechó la oportunidad para incluir en la norma el criterio jurisprudencial que distingue entre los efectos personales y los patrimoniales del matrimonio. Según el criterio de la Corte se reconoce los efectos del matrimonio entre los cónyuges, aún cuando no haya habido inscripción y en cuanto a los efectos patrimoniales frente a terceros si la transcripción se hace dentro de los tres meses, los efectos se retrotraen a la fecha en que se celebró el matrimonio, si se hace después producirá sus efectos desde el día de la transcripción.

IX. EL TRABAJO EN EL HOGAR

Artículo 164-bis expresa: "El desempeño del trabajo en el hogar o el cuidado de los hijos se estimará como contribución económica al sostenimiento del hogar". Este reconocimiento al trabajo doméstico había quedado pendiente desde el año de 1974 cuando se introdujo la reforma que estableció que "los cónyuges contribuirán económicamente al sostenimiento del hogar a su alimentación...". La reforma de entonces pretendió lograr una igualdad entre los géneros, pero en realidad propició una falta de equidad al no reconocer las diferentes formas en que cada cónyuge contribuía al sostenimiento del hogar. Esa disposición permitía suponer que el cónyuge dedicado al hogar, además de sus labores domésticas, debería salir a trabajar para obtener un ingreso que le permitiera contribuir a los gastos del hogar. Por ello resultaba imprescindible introducir un precepto que reconociera un valor económico al trabajo doméstico y se considerara que esta actividad es una forma de contribuir al sostenimiento del hogar.

X. DERECHOS PREFERENTES DE LOS CÓNYUGES Y LOS HIJOS

El artículo 165 que expresaba: "Los cónyuges y los hijos, en materia de alimento tendrán derechos preferentes sobre los ingresos y bienes de quien tenga a su cargo el sostenimiento económico de la familia y podrán demandar el aseguramiento de los bienes para hacer efectivos esos derechos", fue derogado. La reforma causará perjuicios al cónyuge y a los hijos pues podría propiciar que el deudor alimentario invente otras deudas alimentarias a cargo de otros parientes con tal de eludir el pago a sus acreedores más próximos como lo son el cónyuge y los hijos.

XI. CAPACIDAD JURÍDICA DE LOS CÓNYUGES

Si los nuevos artículos 169 y 172 se derogaran no se produciría ningún efecto especial, el primero de ellos señala: "Los cónyuges podrán desempeñar cualquier actividad siempre que sea lícita y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior"; el segundo: "Los cónyuges mayores de edad tienen capacidad para administrar, contratar o disponer de sus bienes propios y ejercitar las acciones u oponer las excepciones que a ellos corresponden sin que para tal objeto necesite uno de los cónyuges el consentimiento del otro, salvo en lo relativo a los actos de administración y de dominio de los bienes comunes".

Obviamente los cónyuges, como cualquier persona soltera, pueden desarrollar cualquier actividad que sea lícita y tiene capacidad jurídica para ejecutar actos de administración y de dominio, pero para disponer de bienes comunes requieren del consentimiento del otro, pues el matrimonio en nada modifica la capacidad jurídica de las personas.

El artículo 173 establece: "Los cónyuges menores de edad tendrán la administración de sus bienes conforme a lo establecido en el artículo que procede pero necesitarán autorización judicial para enajenarlos, gravarlos o hipotecarlos y un tutor para sus negocios judiciales, en los términos dispuestos por el artículo 643 de éste ordenamiento". Tampoco este precepto es necesario pues la capacidad jurídica de los menores para enajenar se encuentra regulada por los capítulos de patria potestad y tutela, por lo tanto, resulta repetitivo.

XII. CONCLUSIÓN

De la observación cuidadosa de las reformas en materia de matrimonio, podemos descubrir la intención del legislador de adecuar las normas del derecho civil a la evolución de la relación matrimonial en la sociedad mexicana.

Definir la relación personal de convivencia que alcanza el grado de matrimonio y señalar cuáles son sus fines, dejando a la procreación como una posibilidad sujeta a las circunstancias o la voluntad de los cónyuges. Elevar la edad para contraer matrimonio con el propósito de lograr un mayor grado de madurez entre los consortes. Reconocer el valor económico al trabajo desarrollado en el hogar, dignifica la situación de la mujer en el matrimonio al considerarla no como una "mantenida" sino como alguien que colabora en el sostenimiento del hogar. Todos estos son propósitos loables, desafortunadamente por falta de una buena técnica legislativa, debida a la premura con que las reformas se presentaron y aprobaron, los resultados no fueron los óptimos.

La falta de distinción entre el necesario consentimiento de quienes ejercen la patria potestad o tutela del menor que pretende contraer matrimonio y la dispensa otorgada por el juez de lo familiar en casos de excepción cuando alguna causa lo amerite; la derogación de algunos preceptos que dejara sin resolver ciertas situaciones relacionadas con la filiación y con los alimentos de los cónyuges e hijos y la incongruencia de desaparecer la adopción simple por un lado y por el otro establecerla cuando se otorgue entre parientes, son algunos de los problemas que serán detectados una vez que los casos lleguen a los tribunales.

*Investigadora titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

 
 

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