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Boletín Mexicano de Derecho Comparado
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PANORÁMICA DE LOS ESTUDIOS SOBRE DERECHO CONSTITUCIONAL EN MÉXICO DURANTE EL SIGLO XX

Manuel FERRER MUÑOZ

SUMARIO: I. Introducción. II. Un paradigma constitucional. III. Soberanía, nacionalismo e interpretación de la Constitución. IV. El texto constitucional, instrumento de partido. V. La Constitución y el predominio del Poder Ejecutivo. VI. Las explicaciones del pasado político de México. VII. La compleja actualización de las disposiciones constitucionales. VIII. La representación política de la Constitución. IX. El derecho constitucional y los derechos humanos.

I. INTRODUCCIÓN

Antes de proceder a la exposición de este breve examen sobre la evolución de los estudios acerca del derecho constitucional en México a lo largo del siglo XX es preciso introducir unas advertencias de carácter metodológico, que ayuden a comprender el porqué de los enfoques adoptados en esta investigación, donde se ha procurado compaginar el esfuerzo por procurar una visión sintética con la realización de análisis más cuidadosos que permitan un cauto acercamiento a cuestiones de especial delicadeza, por su carácter controvertido.

La clave más importante para juzgar sobre los puntos de vista de quien suscribe este trabajo, y para comprender los propósitos de este ensayo, consiste en el reconocimiento de tres ámbitos de observaciones, que vienen definidos por las realidades sociopolíticas del México posrevolucionario, el encuadre constitucional que arranca del texto fundamental1 elaborado en Querétaro, y los escritos sobre la carta magna de los más caracterizados constitucionalistas de la centuria.

En mi opinión, carecería de sentido una referencia directa y exclusiva a los estudiosos del constitucionalismo mexicano del siglo XX, sin que ese panorama viniera acompañado y mediatizado por una reflexión acerca de las realidades sociales y políticas que presidieron las deliberaciones del Constituyente de Querétaro y que, después de promulgada la carta magna, se configuraron como una referencia obligada en la aplicación y desarrollo de los principios constitucionales: con mayor motivo cuanto que, como se expondrá más adelante, el enfoque político y simbólico de la Constitución prevaleció sobre el normativo o el funcional.

No de otra manera actuó Jorge Carpizo en su acuciosa exploración sobre el presidencialismo mexicano: "de la concepción anterior (el derecho constitucional al servicio del hombre de su época) se deriva la metodología que he seguido en este ensayo: descripción de la norma jurídica, de sus antecedentes y confrontación de ella con la realidad en que se aplica".2 Una opinión análoga ha sido expresada recientemente por Sergio López-Ayllón y Héctor Fix-Fierro: "es evidente para nosotros que el cambio jurídico depende, en general, de procesos más amplios de cambio social".3 Y, en la misma línea, Alonso Lujambio ha reivindicado la conveniencia de un acercamiento entre las ciencias política y del derecho, para que compartan datos, argumentaciones, evidencias, inquietudes.4

Los presupuestos dogmáticos y la estructura orgánica del texto constitucional, así como la coherencia o incoherencia de su articulación, se hallan necesariamente en la base de los análisis y críticas efectuados por los constitucionalistas, por lo que es inexcusable acudir también a aquellas facetas de la carta magna que han alimentado más controversias y juicios enfrentados.

En fin, son incontables los autores que, desde una u otra perspectiva, y casi siempre con un enfoque histórico han escrito sobre la Constitución de 1917. Basta dirigir una ojeada a la bibliografía de Jorge Vallejo y Arizmendi y de Raúl Medina Mora5 y a su actualización por Eugenio Hurtado Márquez,6 para comprobar la verdad de esta aseveración. El número de especialistas que han convertido el texto constitucional en objeto de su estudio se ha incrementado de modo notabilísimo durante la segunda mitad del siglo.

Felipe Tena Ramírez tenía razón cuando sostenía que, en los primeros cuarenta años que siguieron a la expedición de nuestra carta magna, habían sido relativamente escasos los libros dedicados a un tratamiento general del derecho constitucional; y mencionaba los nombres de personalidades como Miguel Lanz Duret, Aurelio Campillo, Fernando López Cárdenas, Manuel Herrera y Lasso y Antonio Martínez Báez.7 A ellos habría que añadir los de Genaro García,8 Hilario Medina9 y Octavio A. Hernández,10 y, desde la séptima década del siglo, los de Enrique González Flores, Serafín Ortiz Ramírez, Fausto E. Vallado Berrón, Francisco Ramírez Fonseca, Jorge Carpizo, Daniel Moreno, Ignacio Burgoa, Porfirio Marquet Guerrero, Miguel de la Madrid.

Tena omite en su enumeración a Genaro García -tal vez por la escasa entidad y modestas pretensiones de su librito, destinado a la enseñanza primaria superior-, y a Octavio A. Hernández, y cita a esos otros tratadistas más recientes en las once ediciones de su obra aparecidas entre 1973 y 1993; pero no incluye en la segunda nómina a Ricardo Barajas Jiménez,11 sin duda por razones parecidas a las que explican la ausencia de Genaro García en la primera relación. Es incuestionable que, por encima de todos ellos, brilla la figura indiscutible del propio maestro Felipe Tena Ramírez.

Sí es muy llamativo el escaso aliciente que parecía entrañar el derecho constitucional para los juristas que se formaron en épocas inmediatamente posrevolucionarias, quizá desconcertados aún por la novedad doctrinaria e ideológica de la carta magna de Querétaro, e imposibilitados para asimilar a corto plazo esos profundos cambios jurídicos. Por eso, Martínez Báez vio desfilar por la cátedra de derecho constitucional de la Escuela Nacional de Jurisprudencia hasta cinco profesores durante el año académico en que cursó esa materia; y, por eso, su agradecimiento a Narciso Bassols que, al impartir garantías individuales y juicio de amparo en la misma institución, "asumió el papel de ideólogo e intérprete de las corrientes jurídico-políticas impresas en la nueva Constitución".12

La misma indiferencia y el mismo desdén observó Manuel Herrera y Lasso entre el foro de México en 1933, cuando habían pasado ya dieciséis años desde la promulgación del texto constitucional: sólo que Herrera y Lasso atribuía ese estado de ánimo a otro factor: "nada importa en la práctica de la vida profesional un derecho que no se aplica, un derecho que es letra muerta o, a lo más, lírica estrofa de ansiada y soñada vida política superior".13

Únicamente interesaba el derecho constitucional cuando había por medio fines prácticos inmediatos, proseguía Herrera y Lasso; eso explicaba, en su opinión, que no se hubieran advertido "los enormes disparates técnicos que tiene la Constitución de 1917",14 y que hubiera sido preciso esperar quince años desde su promulgación hasta que apareció el tratado de Miguel Lanz Duret, el primero que afrontó un estudio sistemático del texto fundamental. Existían, desde luego, antecedentes que obraban con fuerza, pues la Constitución de 1857 nunca recibió un tratamiento cabal de todo su articulado, ya que los pocos juristas que se dieron a esa tarea (Ramón Rodríguez, Juan M. Vázquez, José María del Castillo Velasco, Isidro Montiel y Duarte, Eduardo Ruiz, Mariano Coronado...) no acertaron a producir más que obras ingenuas, superficiales y rimbombantes.15

A pesar de la aparente frialdad o el escaso ánimo con que los estudiosos parecieron recibir la obra del Constituyente de 1916-1917, la floración de investigadores que han seguido los pasos de los analistas pioneros del texto fundamental de Querétaro ha sido impresionante: a ese "renacimiento en los estudios de esta índole" se refería Tena Ramírez en las adiciones posteriores al primer listado de constitucionalistas que suministró en 1958, de las que acabamos de tratar.

La tarea de incluir una simple relación de los nombres carece de sentido: además, en último término, esa información puede obtenerse a partir de la bibliografía de Jorge Vallejo, Raúl Medina y Eugenio Hurtado mencionada más arriba. No obstante, si fuera preciso citar unas cuantas personalidades de relieve, habría que añadir otras varias a la lista elaborada por Tena Ramírez. Nos servimos para ello del elenco que aparece en Derecho constitucional mexicano y comparado de Héctor Fix Zamudio y Salvador Valencia (no incluidos en la relación de que son autores, por elementales razones de modestia; pero, sin duda alguna, destacadas figuras del constitucionalismo mexicano): Mario de la Cueva, Ulises Schmill, Aurora Arnáiz, Feliciano Calzada, Enrique Sánchez Bringas, Elisur Arteaga... autores todos ellos de tratados de derecho internacional, esmerados algunos, pasables otros.16

También es pertinente aludir a la escuela de derecho constitucional que tiene en Emilio Rabasa su fundador y que se distingue por la particular relevancia que concede al estudio de los antecedentes históricos de los textos constitucionales. Según José Francisco Ruiz Massieu, caracterizan también a ese grupo de constitucionalistas el análisis directo de los textos fundamentales, "sin mayor consideración de los aspectos meramente teóricos o doctrinales de la materia", y la claridad y precisión del lenguaje. Entre los representantes de esa escuela, Ruiz Massieu -también él destacado estudioso de esta rama del derecho- señala los siguientes nombres, varios de los cuales han aparecido en párrafos anteriores: Manuel Herrera y Lasso, Felipe Tena Ramírez, Francisco Jorge Gaxiola, Alberto G. Salceda, Gustavo R. Velasco, Juan José González Bustamante, Francisco Javier Gaxiola y Ochoa, Víctor Manuel Ortega, José Becerra Bautista, Eduardo Trigueros Saravia, Elisur Arteaga Nava, Fernando A. Vázquez Pando, Laura Trigueros Gaisman.17

Varios de los manuales de derecho constitucional publicados en los últimos años obedecen a una finalidad eminentemente docente. Sin que esa circunstancia sirva de eximente -ahí está el magnífico estudio de Fix-Zamudio y de Valencia Carmona y el también muy completo de Elisur Arteaga-, se echa de menos en algunos de ellos una bibliografía actualizada que oriente con eficacia a los estudiantes de derecho: sería el caso del texto de Sánchez Bringas o del manual de Efraín Polo Bernal, no mencionado hasta ahora.18

Si nos propusiéramos señalar las adscripciones a escuelas, las orientaciones y los enfoques metodológicos o las propuestas para guiar la investigación presentadas por unos u otros especialistas, nos enfrentaríamos a una empresa que rebasa por completo las perspectivas de un artículo, que no puede alargarse de un modo desmedido. Sí es justo dejar constancia de la diferencia radical entre el panorama de fines del siglo XX y el que, en 1932, describía consternado Manuel Herrera y Lasso, para referirse a una situación que ya para entonces había cambiado:

    durante mucho tiempo la enseñanza del Derecho constitucional se impartió en México, con fórmulas generales y palabras sonoras.... Bien poco se hablaba de las Constituciones inglesa y norteamericana...; no se estudiaban los antecedentes netamente nacionales de nuestra organización política...; no se volvían los ojos a la tradición colonial -el mundo comenzaba para nosotros, cuando muy pronto, en 1814, con el "Decreto constitucional para la libertad de la América mexicana"- ni se tomaba en cuenta la Constitución de Cádiz... En suma: fórmulas doctrinarias, declamaciones vacías y cuando mucho, interpretación gramatical de los textos. Y todo ello, dentro de la actitud menos científica posible: la de una ciega admiración y un religioso respeto por la ley fundamental, como si los congresos constituyentes legislaran desde el Sinaí y su obra fuese algo divino e intangible.19

Por sólo citar un ejemplo de particular relevancia sobre nuevas sugerencias metodológicas, nos ceñiremos a la recomendación de Diego Valadés en El control del poder, que ha encontrado excelente acogida entre muchos estudiosos:20 aceptada la prioridad que, a lo largo del siglo XX, ha concedido la doctrina a las condiciones que consolidan o restan eficacia a la norma, y admitido que el texto fundamental adquiere sentido principalmente como instrumento de limitación y control del poder -propone Valadés-, el constitucionalismo tendría que concentrar más sus análisis en los controles intra e interorgánicos y, dentro de los controles autoaplicados, conceder la prioridad a los políticos sobre los jurídicos, pues los primeros son "más dinámicos, inteligibles y eficaces".21 Coherentemente con esas directrices, Carla Huerta, que entiende la Constitución como garantía de las libertades individuales, juzga que "debe prever y regular el funcionamiento de controles del poder".22

La misma autora ha introducido una interesante aproximación entre los controles políticos y jurídicos, al definir como control político "aquél cuyo parámetro de actuación lo constituye un ordenamiento jurídico, y su resultado siempre se basará en razones jurídicas".23

Por las razones arriba apuntadas, en este ensayo se ha seguido un camino peculiar, que consiste en presentar unas cuantas facetas de los principales problemas asociados a la estructura constitucional de la República mexicana, tal y como quedó conformada en Querétaro, y mostrar las diferentes posiciones de los diversos constitucionalistas.

II. UN PARADIGMA CONSTITUCIONAL

Durante todo el siglo XX, el estudio de la Constitución mexicana de 1917 gira en torno a un mismo paradigma, que ha sido objeto de estudio y profundización de parte de José Ramón Cossío, autor de un interesante estudio sobre el modo en que los principales constitucionalistas mexicanos han representado a la Constitución.24

Ha prevalecido un esquema interpretativo del texto constitucional que considera a la Constitución de 1917 como la plasmación del proyecto nacional originario del pueblo de México;25 le atribuye la forja de un nuevo concepto de constitucionalidad;26 enaltece el papel que ha desempeñado en la modernización de México, y le otorga un valor poco menos que soteriológico, en la medida en que ha servido de sustento para la introducción y perpetuación de un régimen donde -solía decirse hasta hace muy poco- las desigualdades han sido eliminadas, han sido abolidos los privilegios y el Estado funciona como principal motor en la corrección de los desajustes sociales.27 Véase, si no, la advertencia que, en 1979, dirigía Antonio Martínez Báez a un auditorio de constitucionalistas, en el que menudeaba la presencia de españoles:

    no puedo omitir ante nuestros ilustres colegas españoles el decirles que en México tenemos una auténtica fe, ciega y absoluta, en el milagro de que la inclusión en el texto de la Carta Magna produce por sí la plena realidad de la institución que se le incorpora, y que en tanto dentro de la Ley Suprema no se la mencione, ella no existe en nuestro peculiar universo.28

Confirma la misma actitud el juicio de Miguel de la Madrid sobre la virtualidad de la Constitución:"rebasa el simple devenir formal, para constituir el tránsito, en materia social y económica, del siglo XIX -el del Estado abstencionista- al siglo XX, que abre ancho cauce en la economía al poder público como rector del desarrollo".29 El mismo Jorge Carpizo se deja arrebatar por el entusiasmo cuando considera que la Constitución mexicana fue la primera que agregó el adjetivo de "social" al de "política"; y, arrastrado por esa emoción, escribe: "el águila del Anáhuac extendió sus alas y su sombra cubrió cinco continentes".30

La casi unanimidad que se aprecia en los enfoques de esos especialistas ha sido atribuida por Cossío a "las condiciones de dominación política imperantes en el país en los últimos setenta años".31 Inevitablemente, cuando esa situación ha empezado a revertirse -la simultaneidad entre el deterioro de la economía mexicana en 1982 y la crisis de legitimidad del sistema político habla por sí misma-,32 la posición paradigmática asociada a esas condiciones de homogeneidad ha entrado en crisis, sin que haya llegado a elaborarse un nuevo modelo que, en lugar de privilegiar lo político, conceda la primacía a lo normativo y lo funcional y acoja las propuestas de Gustavo Zagrebelsky sobre la pluralidad y ductilidad de los textos constitucionales:33 una apertura que sólo será posible cuando deje de considerarse la Constitución como fruto exclusivo de una ideología y se interprete más bien como resultado del pacto y del consenso entre distintas fuerzas.34 Ése es, según Fix Zamudio y Valencia Carmona, "el gran desafío al que se enfrenta hoy día la Constitución mexicana: superar los resabios autoritarios que aún padece e implantar un Estado de derecho pleno, o bien, ser sustituida por otra ley fundamental que sí lo haga".35

Es de sobra conocida la contraposición que se dio en el Constituyente de 1916-1917 entre el grupo carrancista, promotor de un proyecto eminentemente liberal, y los diputados que concedían prioridad a los contenidos sociales del texto fundamental.36 El empuje de estos últimos les permitió imponerse sobre los primeros, más influyentes en las primeras sesiones que, cada vez más desplazados, hubieron de dirigir sus críticas a los defectos formales y de técnica legislativa de las propuestas de sus contrincantes que, sin embargo, lograron la inclusión de un nuevo título en el texto constitucional, el sexto -"Del trabajo y de la previsión social"- que, al decir de algunos estudiosos, representó la aportación más original y trascendente del Constituyente de Querétaro.37 Así describe Cossío las posiciones en pugna:"la de aquéllos que veían a la revolución como un proceso político que concluía con la sustitución de autoridades y la corrección de ciertos y definidos excesos o carencias de libertades, y la posición de aquéllos que identificaban a la revolución como reivindicatoria y, por ende, exigían un cambio en el modo de articular las relaciones sociales en general".38

Subyacían a esa división dos concepciones diferentes del poder público:

    por un lado, aquélla que limitaba a éste a una posición puramente negativa, de restricción en cuanto al ejercicio de sus facultades y a su intervención respecto a los individuos, y otra que, sin desconocer necesariamente la relevancia del orden liberal, consideraba que el orden jurídico debía contener una serie de contenidos [sic] normativos que permitiera limitar ciertas acciones de los individuos a fin de garantizarles a otros individuos determinadas condiciones de vida. En el caso de la posición técnica, la revolución se concebía sólo como movimiento político encaminado a lograr la sustitución de una elite política por otra, manteniéndose estables el resto de las condiciones de dominación; en el caso de los reivindicacionistas, la revolución significaba, además del movimiento político en sentido estricto, un movimiento que lograra una nueva conformación fundamental de las condiciones de dominación a partir de las cuales esas elites habrían de actuar.39

El aparato argumentativo de que se sirvieron con frecuencia los diputados partidarios de una Constitución social, inhábiles muchas veces para rebatir las razones jurídicas de sus antagonistas, se sustentó en varios principios: el ideal revolucionario no tenía por qué acomodarse a unas fórmulas jurídicas caducas, reflejo de un orden liberal que, en buena parte, se deseaba dejar atrás; los autores de la revolución -campesinos y obreros- no podían ver frustradas sus expectativas de una organización social que fuera reflejo de los ideales revolucionarios y satisficiera las demandas por las que tomaron las armas en 1910; el derecho era producto de una lucha y, mediante él, había que buscar la transformación social.40

Y, sin embargo, es muy importante advertir, con José Ramón Cossío, cuál era la naturaleza de las "conquistas sociales" que el grupo vencedor logró incorporar al texto constitucional: "la gran mayoría de ellas no se realizaban mediante la imposición de conductas de carácter prestacional a los órganos del Estado..., sino fundamentalmente por la imposición de limitaciones a los particulares"41

Ciertamente caben excepciones a ese juicio general, como puede comprobarse con facilidad mediante la lectura atenta de aquellos artículos de la Constitución de más claro contenido social, como los 3o., 27, 28, 123 y 130.42 En efecto, el artículo 3o. obliga al Estado -"Federación, Estados y Municipios"- a "impartir educación preescolar, primaria y secundaria", con carácter de gratuidad; a promover y atender "todos los tipos y modalidades educativos -incluyendo la educación superior- necesarios para el desarrollo de la Nación"; a apoyar "la investigación científica y tecnológica", y a alentar "el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura". Y por el artículo 28 se dispone el control del Estado sobre las áreas estratégicas puestas a su cargo y sobre "las actividades de carácter prioritario donde, de acuerdo con las leyes, participe por sí o con los sectores social y privado", así como la existencia de un banco central del Estado, cuyo funcionamiento habrá de ser autónomo. Más genéricas -menos comprometidas- son, en cambio, las obligaciones contraídas por el Estado para la promoción del desarrollo rural, a tenor de la fracción XX del artículo 27, o, incluso, las correspondientes al régimen de trabajo y previsión social contemplado por el artículo 123.

III. SOBERANÍA, NACIONALISMO E INTERPRETACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN

Una de las coincidencias más constantes de los tratadistas mexicanos de derecho constitucional es la atribución de un carácter tan nacional, tan peculiar a la Constitución de 1917, que sólo desde una perspectiva de "mexicanidad" puede ser entendida y explicada, con la correspondiente descalificación para los estudios "extranjerizantes" que sobre ella quisieran realizarse.43 Esta posición intelectual es consecuencia, en buena parte, de la peculiar sensibilidad con que se afronta en nuestro país todo cuanto atañe a la soberanía, "esta palabra combativa, a cuyo amparo han medrado varias veces por igual la demagogia y las dictaduras".44 No hace falta exponer las razones históricas que han conformado esa mentalidad, que son sobradamente conocidas y justifican que la afirmación de Jellinek de que la soberanía es un concepto polémico -bélico, según Ulises Schmill- sea especialmente adecuada al caso de México.45

Sintonizan con esa perspectiva intelectual los puntos de vista expresados el 26 de diciembre de 1916 por la segunda comisión de Constitución del Congreso Constituyente, que sugieren una concepción del principio de soberanía que se aleja de los habituales enfoques de la doctrina política, para hacer hincapié en las vivencias de la historia nacional:"en México, menos que un dogma filosófico es el resultado de una evolución histórica, de tal manera, que nuestros triunfos, nuestras prosperidades y todo aquello que en nuestra historia política tenemos de más levantado y de más querido, se encuentra estrechamente ligado con la soberanía popular".46

Un constitucionalista mexicano de una época muy posterior, influido por la concepción sociológica del derecho constitucional de Léon Duguit y de Maurice Duverger, asumiría como propias aquellas opiniones sobre la relatividad de las instituciones y la necesidad de adaptar a las realidades sociales de México -tan tristemente afectadas muchas veces por la corrupción- los principios calificados de clásicos por la doctrina: "creemos con Hermann Heller que la constante de los políticos es la naturaleza humana, y con Montesquieu, que todo Hombre investido de poder normalmente tiende a su abuso, y que es necesario implantar mecanismos institucionales que lo limiten".47 El historicismo jurídico de Savigny no sólo explica la evolución constitucionalista mexicana, como sostiene Daniel Moreno,48 sino que representa una de las doctrinas que más han influido sobre los estudiosos mexicanos del derecho constitucional, siempre propensos a interpretar el derecho como emanación del espíritu de cada pueblo: es el caso de Martínez Báez que ve en cada uno de los preceptos de la Constitución toda una serie de elementos históricos que remiten a un pasado cuyo conocimiento cabal se requiere para entender con hondura el texto fundamental.49

Ulises Schmill, por su parte, enlaza con la conexión establecida por el Constituyente entre soberanía e historia cuando, al tratar de la positividad del orden jurídico, concluye: "la soberanía, entonces, significa, la positividad del Derecho, y que el Derecho sea positivo, significa que es histórico. La soberanía es, también, el principio teorético de la historicidad del Derecho".50 Y Daniel Moreno subraya la sintonía entre la realidad social y las ideas a ella asociadas que circulaban en México durante los años de la Revolución y el quehacer de la Asamblea de Querétaro.51

En cuanto a los límites de la soberanía, ha habido una amplia coincidencia acerca de la primacía que cabe otorgar a la Constitución sobre los tratados internacionales -cuestión que, al asociarse a la protección universal de los derechos del hombre, de que me ocuparé en el apartado IX, sí plantea algunos problemas-: el artículo 133 de la Constitución, reformado el 18 de enero de 1934 con objeto de rectificar su original laconismo, asienta la supremacía del texto constitucional, al establecerse que participarían de esa supremacía "los tratados que estén de acuerdo con la misma [Constitución]". No obstante, no han faltado quienes, como César Sepúlveda, Julio Miranda o Héctor Fix Zamudio, han introducido algunos matices al ponderar la fuerza de los tratados.52 Una reciente tesis jurisprudencial del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha confirmado esa interpretación común, al asentar la supeditación de esos tratados a la Constitución federal, aunque ha reabierto una intensa polémica por cuanto los ubica por encima de las leyes federales.53

Abundan controversias sobre otra vertiente específica de la soberanía, que ha sido objeto de discusiones desde los mismos orígenes de la nación mexicana: me refiero a la compatibilidad entre la soberanía de la Federación y la de los estados.54 Así, Miguel de la Madrid, que identifica soberanía y poder constituyente, rechaza de modo coherente con ese supuesto que el Estado federal sea soberano -"el único soberano es el pueblo, porque es el único que tiene el poder constituyente"-; polemiza con Felipe Tena Ramírez y discute su tesis de que la soberanía queda subsumida en la Constitución;55 y comparte las críticas de Tena Ramírez y de otros estudiosos al artículo 40 del texto constitucional, que proclama la existencia de estados libres y soberanos: "solamente pueden considerarse con una facultad, relativa y limitada, de autodeterminación política y de autogobierno", "están circunscritos en su facultad de autodeterminación política por la Constitución Federal".56

Jorge Carpizo manifiesta su coincidencia con Mario de la Cueva en la apreciación de que los artículos 39 y 40 constitucionales se contradicen entre sí, y explica el contenido del artículo 40 desde una perspectiva histórica: el Constituyente de 1856-1857 se inspiró en las ideas de Tocqueville sobre la cosoberanía, y el Constituyente de 1916-1917, respetuoso con la tradición, no quiso tocar ese precepto. Pero, sostiene Carpizo, la tesis que prevalece en la carta magna es la expresada en los artículos 39 y 41, no exentos de despropósitos doctrinales, en la autorizada opinión de Ignacio Burgoa.57

IV. EL TEXTO CONSTITUCIONAL, INSTRUMENTO DE PARTIDO

Los gobiernos posrevolucionarios ejercieron un fuerte control sobre los ciudadanos: en una primera etapa, a través de las relaciones personales de los caudillos;58 y, en un segundo momento, mediante la institucionalización de esas relaciones por el Partido Nacional Revolucionario (1929), primero;59 el Partido de la Revolución Mexicana, después (1938), y el Partido Revolucionario Institucional, más adelante (1946).60 Entre el caudillismo inicial y el posterior presidencialismo se transitó por una etapa intermedia, el maximato (1929-1934), caracterizada por la influencia entre bastidores de Plutarco Elías Calles, el "jefe máximo".61

Quedó así definido un sistema que Giovanni Sartori ha descrito como hegemónico, patrocinador de una democracia sui generis que el mismo autor califica de "esotérica",62 por la razón de que la elite revolucionaria que dio vida al Partido Nacional Revolucionario excluyó deliberadamente la posibilidad de que fuera competitivo el sistema político que se estaba fraguando.63 González Casanova llega aún más lejos que Sartori, hasta el punto de negar la existencia del sistema de partidos.64

Sentada esa premisa, no podía sino repetirse -salvadas diferencias secundarias- la situación de anteriores etapas históricas de México, tal y como la había dibujado Aurelio Campillo en 1928, cuando describía los viejos mecanismos de relevo en la Presidencia de la República, manejados tradicionalmente por "una organización política especial", que representaba a una facción con intereses creados que proteger. La solidaridad generada por esos afanes compartidos llevaba a ese grupo a "sostenerse en el Poder con la cooperación o la complicidad de sus correligionarios".65

Con su proverbial buen criterio, Cosío Villegas atinó a captar el sentido de la organización partidista fundada en 1929, cuando ya la Revolución se había quedado sin enemigo al frente, dueña indiscutida del campo. Véase la enumeración de las funciones que, según su acertado juicio, desempeñó inicialmente el PNR: contener el desgajamiento del grupo revolucionario; instaurar un sistema civilizado de dirimir las luchas por el poder, legitimando las elecciones, y ampliar el ámbito de la acción político-administrativa, a fin de dotar de una proyección nacional a las metas de la Revolución.66

El partido de Estado se presentó ante la sociedad como representante y guardián de la Revolución y como la genuina expresión del patriotismo mexicano, que excluía cualquier otra versión; pudo afirmarse incluso que "la ideología de la Revolución Mexicana se ha plasmado en la Constitución de 1917 y en las Declaraciones de Principios y Programas Políticos del Partido de la Revolución".67 El partido se convirtió asimismo en un medio de atracción de masas que, incorporadas a aquél a través de las centrales obreras, gracias en buena parte al impulso del presidente Cárdenas, impusieron su fuerza a las organizaciones de caciques. Investido de esa múltiple legitimidad, "cuando el PNR ejercía el poder, estaba ejecutando o individualizando la Constitución o, lo que es igual, llevando a cabo de manera cotidiana el programa de la revolución".68

Se desarrolló desde el partido un proyecto político incluyente, que aspiraba a crear un consenso general acerca del desarrollo del "programa" revolucionario, donde se determinara cuáles eran las reformas que había que acometer con carácter preferente, y sirviera para aglutinar a intereses y grupos:69 "la revolución se había hecho partido, el partido régimen, el régimen se sometía a la Constitución..., y el sometimiento del régimen a la Constitución era la recreación cotidiana de la revolución misma",70 sin que importara demasiado la ausencia de congruencia doctrinal: por eso, ha podido escribir Carlos Fuentes que: "ideológicamente, el PRI lo ha sido todo, de acuerdo con las políticas económicas en turno: socialismo, autarquía, sustitución de importaciones, nacionalismo, desarrollo estabilizador, desarrollo compartido, capitalismo de Estado, rectoría del sector público, liberalismo social, neoliberalismo."71

En esas condiciones, la competencia política degeneró en un "pluripartidismo de aparador", y entró en un proceso de "sovietización" que implicaba el predominio absoluto de la única formación política considerada como expresión auténtica del ideario de la Revolución. Los partidos políticos de oposición, reducidos al papel de comparsas, desempeñaban una función subalterna, aunque útil, con su aceptación del juego político y su participación en el ceremonial electoral.72 Testimonio del insignificante peso de las formaciones políticas partidistas -reducidas a mera condición ornamental en un sistema de partido único- es el notorio retraso con que se reguló el estatuto de los partidos en el artículo 41 de la Constitución, por medio de la reforma política de diciembre de 1977, "que estableció las bases para la creación de un sistema plural de partidos políticos, permitiendo el acceso institucional a fuerzas políticas que antes actuaban en el anonimato y garantizándoles un mínimo de elementos indispensables para su desarrollo".73

Nada más indicado que terminar este apartado con las prudentes consideraciones de Tena Ramírez acerca del influjo perturbador de la existencia de un partido político oficial sobre la incipiente democracia mexicana. "La permanencia no interrumpida del partido autocrático en el Poder desde su fundación... ha suprimido de hecho toda oportunidad de turno a los demás partidos, lo que es esencial en el juego democrático".74

V. LA CONSTITUCIÓN Y EL PREDOMINIO DEL PODER EJECUTIVO

Controlado férreamente el partido por el presidente de turno, investido de una autoridad indiscutible que le permitía actuar como aglutinante de las fuerzas políticas y sociales surgidas del movimiento revolucionario, el Poder Legislativo se convirtió durante décadas en instrumento al servicio de un Ejecutivo autoritario que, por definición, se hallaba libre de cualquier control, merced a la decisión del Constituyente75 de asentar un régimen acentuadamente presidencialista, donde el Poder Ejecutivo quedaba erigido como el principal y decisivo de la vida constitucional, y donde los poderes Legislativo y Judicial, infradotados de autonomía económica, funcional y política, no servían como contrapesos efectivos:76 si acaso, como propone González Casanova, "la Suprema Corte de Justicia... constituye, en ocasiones, un freno a los actos del presidente de la República o de sus colaboradores".77

No en vano Cosío Villegas pudo indicar que las dos principales piezas y características del sistema político mexicano eran "un Poder Ejecutivo... con facultades de una amplitud excepcional, y un partido político oficial predominante";78 Marquet Guerrero se atrevió a calificar de "dictadura constitucional" el ejercicio del poder del presidente de la República,79 y Jaime F. Cárdenas, encontró razones para señalar que la más grave de las debilidades de la Constitución de 1917 se refería al régimen presidencial.80

Lanz Duret, que reconoce la existencia de una pluralidad de razones de carácter histórico, social y político que explican que el presidente de la República sea el más poderoso de los órganos del Estado, apunta dos circunstancias de orden legal que contribuyen también a fundar esa fortaleza del jefe del Ejecutivo: "que no puede ser revocado en su encargo, y que no se le pueden exigir responsabilidades".81 Fix Zamudio identifica dos grupos de factores que, con carácter general, fortalecen la supremacía del Ejecutivo: factores técnicos, que se manifiestan en la planeación de los aspectos económicos, financieros y de seguridad social; y factores sociopolíticos, como la necesidad de asegurar la estabilidad política y la concentración de facultades.82 Daniel Moreno atribuye el papel predominante del Ejecutivo en México a la confluencia de dos tradiciones autoritarias (el mundo precortesiano y el gobierno colonial español), a las facultades extraconstitucionales que posee y a la existencia de un partido semioficial.83 Y Jorge Carpizo, que desarrolla más pormenorizadamente su análisis, aporta hasta once razones coadyuvantes en ese reforzamiento del poder presidencial, entre las que pueden citarse la condición de jefe del partido predominante que posee el presidente; el debilitamiento del Poder Legislativo; las amplias atribuciones del Ejecutivo en materias económicas y la concentración de recursos económicos en la Federación; sus extensas facultades constitucionales y extraconstitucionales.84 Varios de los factores expuestos por Carpizo han perdido actualidad, en tanto que la remisión a las atribuciones extraconstitucionales del presidente sigue siendo una de las explicaciones más comunes para mostrar la limitación de las posibilidades de control del Congreso.85

Además, como han asegurado José Ramón Cossío y Diego Valadés, el carácter social del constitucionalismo mexicano y la consiguiente inserción en el texto fundamental de normas de contenido eminentemente programático han facilitado la concentración de poder en el presidente de la República:

    las normas programáticas en un sistema presidencial transforman la acción cotidiana del Estado, y en particular del presidente, en una administración de expectativas que convierte al titular del gobierno en un manejador de esperanzas reivindicatorias. En un contexto así, el presidente no sólo tiene las atribuciones propias del sistema presidencial sino la suma de las del sistema constitucional... Cuando los presidentes asumen la administración de las expectativas es inevitable que se conviertan en el centro de un poder prácticamente ilimitado, merced al cual están en posibilidad desarrollar a todos los demás órganos del poder.86

Néstor de Buen sostiene con rotundidad que la aprobación del artículo 123 constitucional respondió a una transacción entre Carranza y los diputados jacobinos, que representaban el sector del Constituyente con mayor sentido social. Carranza logró así que se aceptara su principal objetivo: "hacer hegemónico al Poder Ejecutivo sobre los otros dos poderes. Por supuesto que lo consiguió".87

Jaime Cárdenas critica con particular énfasis la concentración de poderes que se da en el presidente de la República -el cual, en expresión de González Casanova, aparece "envuelto en los máximos símbolos de poder que conoce un presidente latinoamericano"-,88 y llega a afirmar que esa es una de las causas por las que no puede considerarse democrático el régimen político mexicano.89 Antes que Cárdenas, Cosío Villegas había apuntado ese carácter antidemocrático de la institución presidencial mexicana, en el que se fundaba para caracterizar la República de los Estados Unidos Mexicanos como "la única del mundo que se da el lujo de ser gobernada por una monarquía sexenal absoluta";90 y José María Calderón había sostenido que las reformas introducidas en el Código de Querétaro hicieron del presidente de la República un "verdadero dictador constitucional".91

No es extraño, pues, que, superadas las etapas que David M. Vega Vera caracterizó como "liderazgo político" y "burocratismo político",92 la demanda de establecer límites más precisos y controles más efectivos al Poder Ejecutivo se haya convertido en uno de los señalamientos de reforma del sistema político mexicano más frecuentes entre los promotores de propuestas de cambio que faciliten la transición.93

La redacción de la fracción XVIII del artículo 27 constitucional, que inviste al presidente de la República como máxima autoridad en materia agraria -con facultad para declarar nulos "los contratos y concesiones hechos por los gobiernos anteriores desde el año 1876"- habla por sí sola del formidable instrumento de poder que el Constituyente entregó en manos del Ejecutivo: un papel que sólo abandonaría éste tras las reformas constitucional y legal de 1992, "las de mayor envergadura en los últimos años",94 según Salvador Valencia.

Cooperan también a configurar el carácter casi omnipotente del Ejecutivo otras disposiciones de la Constitución que confieren al presidente de la República la condición de suprema autoridad en materia educativa (artículo 3o.), económica (artículos 25, 26 y 28), comercial y arancelaria (artículo 131), laboral (artículo 123), sanitaria (artículo 73, fracción XVI), ecológica (artículo 27), urbanística (artículo 27), habitacional (artículos 4o. y 123) y energética (artículo 28). Hasta 1990 fue máxima autoridad en asuntos electorales (artículo 41), y hasta 1992 en materia eclesiástica (artículo 130). Aunque algunas de esas atribuciones han desaparecido o han sido matizadas, todavía subsisten otras muchas.95

La prerrogativa del presidente de remover libremente a los empleados refuerza ese papel, en la medida en que da origen a otra "circunstancia que contribuye a que las filas burocráticas se mantengan estrechamente unidas y adictas a su permanencia en el poder". De esa manera, el titular de la Presidencia retiene en sus manos el pleno control sobre los empleos públicos,96 y el partido de Estado adopta las maneras de un "Partido de Patronazgo", cuyos objetivos se satisfacen con asegurar el poder al jefe y los puestos administrativos a sus propios cuadros.97

Las reformas incorporadas al cuerpo de la Constitución entre 1927 y 1928 reforzaron el presidencialismo del sistema. El 22 de enero de 1927, el presidente Plutarco Elías Calles promulgó la reforma al artículo 83 constitucional, que abrió la posibilidad de un segundo mandato del presidente de la República, con el requisito de que esa reelección no se verificara para el periodo inmediato al de su anterior ejercicio.98 Poco después, el 24 de enero de 1928, se amplió la duración del mandato presidencial de cuatro a seis años, y dejó de mencionarse explícitamente la posibilidad reeleccionista para una etapa no consecutiva, aunque tampoco se excluyó esa opción de modo expreso: "el Presidente entrará a ejercer su encargo el 1o. de diciembre, durará en el seis años y nunca podrá ser reelecto para el periodo inmediato".99 Álvaro Obregón no alcanzó a beneficiarse del éxito alcanzado: aunque vencedor en las elecciones presidenciales de 1928, no llegó a gobernar, pues murió asesinado por León Toral el 17 de julio.

La celebración del I Congreso nacional de legisladores de los estados, convocado por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Nacional Revolucionario, conduciría al definitivo rechazo de la opción reeleccionista, que no tardaría en encontrar su expresión legislativa, después de una convención nacional de aquel partido en Aguascalientes, en octubre de 1932, donde se presentó un dictamen favorable al principio de no reelección. En efecto, la pertinente reforma constitucional fue aprobada el 29 de abril de 1933:100 el efecto restrictivo que, sobre el poder del presidente, implicaba la prohibición de ejercer de nuevo el poder presidencial, fue compensado, al menos en parte, por la confirmación del periodo de su mandato por seis años.

El temor que inspiraba en aquellas fechas la posibilidad de un retorno al poder del general Abelardo L. Rodríguez, que era entonces presidente sustituto, influyó para que el principio de la no reelección se redactara en términos más amplios y absolutos que los primitivos, que son los que todavía hoy conserva: "el ciudadano que haya desempeñado el cargo de Presidente de la República, electo popularmente, o con el carácter de interino, provisional o sustituto, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto" (artículo 83 de la Constitución).

Las facultades constitucionales del presidente de la República se incrementaron todavía por obra de las reformas introducidas en el texto fundamental en 1934 y 1937 y de las que se incorporaron entre 1940 y 1983 que, sumadas a la reformulación de otros artículos constitucionales, contribuyeron a afianzar el poder presidencial y a liberar sus actos de un control efectivo por un órgano legislativo minimizado, donde el partido del presidente se hallaba sobrerrepresentado.101

La no reelección inmediata de los legisladores, justificable por razones históricas que en nuestros días carecen ya de validez,102 ha colaborado poderosamente en la pérdida de peso específico del Congreso General. Sin parlamentarios no hay parlamento, y difícilmente puede haberlos cuando la carrera parlamentaria se ve truncada desde sus orígenes por la cláusula antirreeleccionista.103

Precisamente es ésta la clave a la que recurrió Daniel Cosío Villegas para explicar la subordinación del Legislativo al Ejecutivo, no conforme con la tesis comúnmente aceptada: que la mayoría parlamentaria está integrada por miembros del partido oficial el cual, en última instancia, depende del presidente. Cosío Villegas avanza más en busca de un argumento más convincente:

    la verdadera razón, sin embargo, es de otra naturaleza. Los candidatos a diputados y senadores desean en general hacer una carrera política, y como el principio de la no-reelección les impide ocupar el mismo lugar en el Congreso por mucho tiempo, se sienten obligados a distinguirse por su lealtad al Partido y al Presidente para que, después de servir tres años como diputados, puedan pasar en el senado otros seis, y de allí, digamos, otros tantos de gobernadores de sus respectivos estados o alcanzar un puesto administrativo importante.104

La figura del presidente de la República adquirió tal importancia en el sistema constitucional y político de México que Jorge Carpizo no ha vacilado en equipararla a la de reyes tan poderosos como Luis XIV de Francia, Felipe II de España o Federico II de Prusia. Dotado de amplísimas facultades y casi irrestricto el campo de su acción, el titular de la Presidencia "es el centro de la atención pública, porque es el órgano predominante del Estado, porque en él están cifradas las esperanzas de un pueblo".105 El caústico sentido del humor de Cosío Villegas había expresado lo mismo, al hacerse eco de un comentarista chocarrero que definía la República mexicana como "una Monarquía Absoluta Sexenal y Hereditaria en Línea Transversal":106 así, de un modo irónico y divertido se apuntaba no sólo la concentración de poder en la persona del presidente sino la exigencia de que para llegar a la Presidencia de la República se requería pertenecer a la familia revolucionaria.

Complementariamente a lo contemplado en la Constitución y en las leyes sobre el Poder Ejecutivo, la práctica y las mismas características del sistema político fortalecieron progresivamente la figura presidencial para eliminar cualquier vestigio de faccionalismo y para centralizar la actuación del partido de gobierno y de las demás variables de la vida nacional, incluido el sindicalismo.107 La condición de "gran elector" del sucesor en la Presidencia que durante tantas décadas ha acompañado al presidente de la República ha sido una de las más importantes funciones del Ejecutivo ajenas a la normativa constitucional.108

Resulta pertinente concluir este epígrafe con una consideración que tomamos prestada de Jorge Carpizo. Y es que, aunque fortalecido hasta extremos indudablemente exagerados, el poder presidencial conoce algunas limitaciones importantes. Carpizo menciona a este propósito el tiempo, puesto que el titular del Ejecutivo no puede ser reelegido; el Poder Judicial Federal, que conserva alguna independencia y que protege los derechos humanos de su violación a través del amparo, y -de forma bastante cuestionable- los grupos de presión.109

Sólo restaría añadir, con Fix Zamudio, que "el amparo constituye la garantía jurisdiccional de mayor eficacia, y casi podría afirmar, sin incurrir en exageración, de única aplicación práctica en nuestro sistema constitucional", también frente a presumibles actuaciones irregulares del Ejecutivo:110 y eso a pesar de que la institución pareció desbordada en los años cuarenta y cincuenta del siglo pasado por el cúmulo exorbitante de amparos en materia civil; de los tristes augurios que sobre ella podían escucharse a principios de la década de los ochenta, y de la desnaturalización que ha experimentado el juicio de amparo con el curso del tiempo.111

VI. LAS EXPLICACIONES DEL PASADO POLÍTICO DE MÉXICO

La necesidad de sumar adeptos y de incluir fuerzas en el programa monopólico del partido de Estado condujo por fuerza a una mixtificación de la historia, en la medida en que hubo que distinguir entre "auténticos" y "verdaderos" mexicanos, por un lado, y elementos retardatarios, enemigos de la libertad, por otro.112 La "nota introductoria" con que se abre el estudio de Emilio O. Rabasa sobre el Constituyente de 1916-1917, referente a la "trilogía ideológica constitucional: 1824-1857-1917", es perfectamente representativa de esa actitud discriminatoria que relega al silencioso olvido las Leyes Constitucionales de 1836 y las Bases Orgánicas de 1843, por el mero hecho de su carácter centralista.113 Por contraste, hay que atribuir a Manuel Herrera y Lasso el mérito de haber reconocido cuanto de valioso encerraban las constituciones centralistas de 1836 y 1843 y el Estatuto del Imperio de Maximiliano: "son las Siete Leyes y las Bases Orgánicas las únicas Constituciones mexicanas que se preocupan por organizar y garantizar el gobierno y las libertades del municipio, y es en la legislación del segundo imperio donde se encuentran las mejores normas en esta materia".114

La llamada del partido perpetuado en el poder, garante de la pureza revolucionaria, se dirigía a los auténticos y verdaderos mexicanos, porque los otros -los malos patriotas- no tenían cabida en una nación sustentada en ideales tan nobles como los defendidos por la Revolución y consagrados por la carta magna. "Con poca capacidad para distinguir los detalles, individualizar a los oponentes y comprender las ideas, la historia nacional se explicó en bloques y desde una concepción maniquea, demostrándose con ello que el PRI (Partido Revolucionario Institucional) no venía a ser sino el continuador, el legítimo representante, no ya sólo de los revolucionarios de 1910, sino de las 'buenas causas nacionales' a partir de 1810".115

La simplista explicación que se trazó de la historia de México conjugaba esa tosca dialéctica con una visión providencialista -en la cual el Estado de derecho cumple el papel de la divina providencia- de la que sirve como arquetipo la siguiente interpretación que aporta Miguel de la Madrid sobre la historia política del pueblo mexicano: "es una secuencia coherente de la lucha de las mayorías por la libertad y la justicia a través del Estado de derecho".116 En otro pasaje de la misma obra, de la Madrid reincide en esa visión del pasado político de México, obediente a "cierta línea ideológica que ha venido afinándose desde la Independencia hasta la Revolución, pasando por la Reforma".117 No podía faltar en esa adulteración del proceso histórico la convencional referencia a la Revolución de Independencia como "una lucha de oprimidos contra opresores".118

El mito de la Revolución de 1910 proporciona las principales claves explicativas de la historia oficial, utilizada por el régimen para homogeneizar las conciencias y retardar la democracia. Como inteligentemente propone Jaime Cárdenas, el desafío que se afronta en el proceso de transición que vive actualmente México consiste en romper con un pasado autoritario de más de sesenta años, sin desconocer las herencias sociales de la Revolución y procurando su puesta al día dentro de un esquema democrático-pluralista.119

Miguel Lanz Duret es uno de los pocos constitucionalistas que, respetuoso con los hechos del pasado, salva al régimen porfirista de las acostumbradas descalificaciones y reconoce en el general Porfirio Díaz "sus grandes e indiscutibles facultades de estadista".120 Tal vez quepa explicar esa actitud por su condición de discípulo de Emilio Rabasa que, como Ignacio Vallarta, se había distinguido por el recurso al método histórico para referirse a las instituciones políticas de México:121 y, quizá, porque -a diferencia de Herra y Lasso, sucesor de don Emilio en la cátedra de la Escuela Libre de Derecho-122 no llegó nunca a manifestar discrepancias serias con el afamado autor de La Constitución y la dictadura.

En la línea interpretativa que "intelectualiza" en exceso el desordenado acontecer histórico e insiste en hallar a toda costa una línea de avance y de progreso hacia una clara y definida dirección, Jorge Carpizo considera la Constitución de 1917 como resultado y culminación dialéctica de un proceso histórico.123 En cambio, hay que poner en el haber de este talentoso constitucionalista su aguda percepción de que la Revolución de 1910 no fue tal, "pues no implicó un cambio fundamental, de esencia, en las estructuras económicas",124 aunque represente un símbolo de inequívoco valor que muestra la influencia del pasado sobre el presente.125

Sólo a partir de 1913 el movimiento político se convirtió en social, en la medida en que incorporó unas demandas sociales que nacieron del pueblo y no de quienes dirigían el movimiento armado. Y únicamente por esa razón puede hablarse -sólo hasta cierto punto, en mi particular opinión- de una Revolución, la constitucionalista de 1913 que siguió a los asesinatos de Madero y de Pino Suárez de que habla Tena Ramírez, que "varió en forma violenta los fundamentos constitucionales del Estado Mexicano".126

Ulises Schmill, que suscribe esta tesis y realiza una inteligente reflexión sobre los elementos que permiten caracterizar a un orden de revolucionario, expresa un juicio que tiene todos los visos de verdadero: "creo que si una revolución no tuviera una Constitución, no sería una revolución";127 y concluye que el Órgano Constituyente quedó establecido por el conjunto de normas que integraban el orden revolucionario que lo había antecedido.128

El descrédito propagandístico del pasado español -al que cómodamente se imputan con alegre frivolidad los males del presente- ha impedido muchas veces la necesaria serenidad en los estudios históricos y constitucionales, y ha conducido a aberraciones historiográficas, como la hipótesis que identifica la crisis del Antiguo Régimen de principios del siglo XIX con la descomposición de un orden "feudal" español que nunca se dio en Indias y que, con excepción de los condados catalanes, ni siquiera acabó de configurarse en la península Ibérica cuando el feudalismo se propagó por Europa entre los siglos IX y XIII.129

No de otra manera debe interpretarse la contradicción que cree advertir Herrera y Lasso de parte de los realizadores del pensamiento liberal, que prefirieron de modo absoluto el municipio;130 o la sorpresa que manifiesta Salvador Valencia ante "el extraño descuido que por la comuna sintieron los grupos liberales":131 en realidad, aunque los primeros liberales españoles manifestaron su adhesión al ideal del municipio medieval, aceptaron su inserción en un sistema uniforme y centralizado, donde los ayuntamientos sólo serían corporaciones subalternas.132 Salvadas las distancias, y establecido un orden federal en México, perduraron siempre esos prejuicios liberales hacia la organización municipal, que nunca encontró una ubicación cómoda en las constituciones estatales; experimentó serios trastornos después de la expedición de la ley Lerdo de junio de 1856, abolitoria de los derechos de propiedad de las organizaciones corporativas, entre las que estaban incluidas las municipales, y se vio muy mediatizada por la autoridad de los prefectos y jefes políticos.133

Por las razones apuntadas han de valorarse muy positivamente los trabajos de Jorge Sayeg Helú, donde se profundiza en los antecedentes del constitucionalismo social de México en busca de una continuidad histórica, aunque tiendan a magnificar el sentido de la Revolución de 1910, equiparándola quizá un tanto audazmente con la francesa de 1789, y reincidan en tonos demasiado apologéticos de determinados episodios de la historia patria, al tiempo que denigran otras etapas a las que descalifican globalmente como retrógradas y de transición.

Aunque no es el momento de reseñar críticamente la obra de Sayeg Helú, sí es oportuno prevenir ante algunas expresiones que se deslizan en ella que carecen de rigor histórico, como el exceso en que incurre al tildar de absolutista a Iturbide; la consideración de tradicionalistas y clericales que endosa a los autores de las Leyes Constitucionales de 1836; la audaz afirmación de que no hubo un Imperio de Maximiliano, por la simple razón de que coexistió con el gobierno de Juárez, o la discutible atribución exclusiva de la prosperidad económica del Porfiriato al régimen liberal instaurado por la Constitución de 1857 y las Leyes de Reforma.134

El mismo Elisur Arteaga, tan cuidadoso casi siempre en la indagación de los antecedentes históricos del derecho constitucional, se deja arrastrar por su antipatía hacia los códigos centralistas. Así, descarta a priori que la intención del Constituyente de 1836 cuando reguló la vida municipal obedeciera al interés nacional o a un empeño por mejorar la organización de los ayuntamientos, y se pronuncia con desprecio sobre Lucas Alamán a propósito de una carta que dirigió a "su patrón Antonio López de Santa Anna" en marzo de 1853.135

Es preciso alabar el esfuerzo llevado a cabo por Ignacio Burgoa en su tratado sobre derecho constitucional, en el que dedica un extenso capítulo al estudio de los antecedentes histórico-políticos del Estado mexicano: tan sólo cabría objetar la utilización de bibliografía muy anticuada y el silencio absoluto sobre la reciente historiografía cuyo empleo hubiera permitido obviar el recurso a tópicos ya superados.136

Entre aquellos investigadores capaces de trascender los tópicos y opiniones manidas debemos situar a Alberto Trueba Urbina, "descubridor" de las aportaciones de Ignacio Ramírez al derecho social a través de muchas de sus intervenciones ante el Congreso Constituyente de 1856-1857;137 o a Felipe Tena Ramírez, admirador entusiasta del Tratado de los Derechos del Hombre (1876) de José María Lozano, que sirvió de inspiración a Ignacio Vallarta, una de las figuras cumbre del derecho constitucional mexicano.138 Especial valor adquiere el énfasis de Tena Ramírez en el empleo del método histórico y de la interpretación evolutiva del derecho constitucional, superadora del simple sentido formal de los textos, en sintonía con personalidades de la talla de Adolfo Posada.139

Antonio Martínez Báez remitió a los análisis históricos como el mejor camino para tratar de hacer luz sobre determinados aspectos de la Constitución de 1917, como el sistema presidencialista, de particular dificultad por su misma complejidad y por la pluralidad de fuentes que inspiraron su organización.140 Muy recientemente, Elisur Arteaga ha destacado la importancia del elemento histórico para una correcta interpretación del texto constitucional.141

No quisiera cerrar este apartado sin reivindicar con nuevos acentos la importancia del recurso a la historia para los estudios sobre derecho constitucional -el derecho es inseparable de su condición de acontecimiento histórico-142 pues, como advirtió Alfonso Noriega en su prólogo a la reedición de 1959 del Derecho constitucional mexicano de Miguel Lanz Duret,

sólo por este procedimiento el examen de la realidad puede traer consigo consecuencias en verdad fecundas. Es imposible poder comprender y valorizar científicamente una institución, sin tener un pleno conocimiento del ser histórico de la misma, y esto, a su vez, resulta imposible, si no se recurre al estudio cuidadoso de sus fuentes y de sus orígenes, en que dicha institución debe actuar y a la comparación de la misma institución con otras semejantes, en vigor en otros países.143

Ahora bien, el sustento en el pasado para tratar de alcanzar una mejor comprensión del presente no representa, por sí mismo, una panacea que disipe todas las sombras y proyecte haces de luz clarividente. Se ha de discriminar cuál es el trasfondo histórico al que se quiere acudir y qué cabe esperar de esos testimonios de épocas pretéritas. Así, aunque parezca obvio que cualquier investigación sobre derecho constitucional ha de implicar la lectura de los textos de las diversas constituciones que han regido en un país, no puede darse por concluida ahí la tarea, como si ese ejercicio certificara el éxito de la empresa.

En efecto, ya Antonio Martínez Báez previno acerca de la insuficiencia de ese conocimiento. Y, para fundamentar su advertencia, recurrió al concepto de constitución material o sustantiva, que sólo parcialmente se integra en la constitución escrita que, en cambio, acoge en su cuerpo otras materias de menor rango, las cuales "en la época en que se promulga una nueva constitución adquieren por voluntad de su autor la categoría de las normas permanentes y supremas".144 De ahí concluía el jurista moreliano que la historia política de México ha seguido un curso menos accidentado del que podría imaginarse a la vista de la frecuente sucesión de textos constitucionales. El insigne constitucionalista llega a emitir un juicio que casi suena a blasfemia:

    siendo muy interesante y valioso para el estudio de la historia y de la sociología nacionales el examen de las distintas constituciones, de los planes revolucionarios y de los programas políticos que se han publicado en México, resulta de escasa utilidad para el conocimiento de nuestro derecho constitucional, cuyo contenido son las normas superiores que configuran la estructura del Estado, la actividad de los poderes públicos, así como la posición que guarda el individuo frente al gobierno, todo ello con el establecimiento de un régimen de derecho y la negación de arbitrariedad de los gobernantes.145

Coincidimos con el maestro en que el repaso a las constituciones que han precedido al texto fundamental actualmente vigente en México reviste escasa significación si se pierde la referencia a esas grandes cuestiones de fondo, cuyos perfiles han de ser delineados juiciosamente antes de zambullirse en aquellos documentos.

VII. LA COMPLEJA ACTUALIZACIÓN DE LAS DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES

Las inevitables transformaciones de la sociedad, cuyo creciente pluralismo se conciliaba mal con los afanes homogeneizadores de los dirigentes políticos, poco avispados para advertir la entidad de esos cambios, no podía dejar de afectar al sistema político mexicano, situado ya en el "umbral de la transformación" de que habla Leonardo Morlino, "para indicar que, superado este umbral, un cambio continuo se convierte en discontinuo".146 En efecto, las perspectivas de ruptura -o de apertura-147 han ido perfilándose cada vez con mayor nitidez en el horizonte político-social de la República mexicana, hasta el punto de condenar al fracaso las más prudentes y sensatas previsiones sobre el inmediato futuro. Léase, si no, el frustrado vaticinio de Jaime Cárdenas que, en 1994, sentenciaba con toda certidumbre: "el PAN [Partido de Acción Nacional] no puede acceder a la disputa por el poder fundamental que es la presidencia de la República".148 También Alonso Lujambio erró en sus predicciones cuando, en 1995, afirmaba que el carácter tripartito del sistema de partidos dificultaba "enormemente pensar la transición como alternancia en la presidencia".149 El 2 de julio de 2000, un candidato panista se convirtió en el primer presidente electo de un partido de oposición.

Al mismo tiempo, y ya desde hace varios decenios, se experimenta la necesidad inaplazable -expresada en su momento por Lanz Duret- de establecer "un régimen de legalidad, un verdadero Estado de derecho que haga desaparecer de nuestras prácticas de gobierno la arbitrariedad y el abuso", mediante la actualización de todas las potencialidades añejas a las instituciones a través de las cuales se despliega ese Estado de derecho, y con fundamento en los dos pilares que lo sostienen: la soberanía popular y el principio democrático. Desde ese punto de vista, la tarea iniciada por la Revolución y proseguida por el Constituyente de 1916-1917, permanece inacabada: "la Revolución... no ha traído ningún proceso político, ni ha dado el menor poder a los gobernados desde el punto de vista institucional, sino que ha mantenido la interdicción del pueblo mexicano dejándolo a merced de la benevolencia o de la arbitrariedad de los gobernantes".150 Es preciso añadir con tristeza que esa empresa, inaplazable cuando escribía Lanz Duret, mucho antes de que el siglo XX llegara a la mitad de su carrera, sigue esperando quien la remate. Así lo asentaba Jaime Cárdenas en 1996: "el Estado de derecho parece que aún no es una realidad integral en el territorio nacional.151

Se explica así la importancia que las reformas electorales adquirieron desde que esa percepción se hizo más nítida. La implantación del sistema de diputados de partido en 1963 marca el primer paso hacia una apertura democrática que había de permitir el acceso al Congreso de partidos de oposición y contribuir a la configuración de un sistema electoral mixto, "dominante mayoritario, complementado por la representación proporcional".152 El siguiente eslabón en ese proceso fue la reforma política de López Portillo en 1977, que operó un cambio de fondo del régimen electoral. Por supuesto, es preciso destacar la importancia del Código Federal Electoral de 1987 -que sirvió al PRI para controlar las elecciones presidenciales del año siguiente, "el más aciago proceso electoral federal realizado en toda la historia posrevolucionaria de México"-153 y de la reforma de 1990, que fundó el Instituto Federal Electoral.154

Otra faceta asociada a la misma realidad cambiante es la necesidad de actualizar constantemente las disposiciones constitucionales y de acomodarlas a un mundo sometido a continuas transformaciones: una tarea que había de respetar los límites establecidos por las decisiones políticas fundamentales,155 y que incurría en el peligro de desvirtuar el espíritu original de la Constitución.156 Esta problemática se analiza con mayor detalle en el apartado VIII, puesto que es consecuencia del triunfo de la representación política de la Constitución sobre la jurídica o normativa.

La falta de sintonía entre la norma jurídica y la vida, tan característica del México contemporáneo, no podía dejar de afectar al texto constitucional, que no sólo se ha resentido de las hondas transformaciones del entorno social sino que se ha visto afectado por esa actitud generalizada. Lo expresó clarividentemente Alfonso Noriega en su prólogo al Derecho Constitucional Mexicano de Miguel Lanz Duret: "se acepta como una verdad incuestionable el absoluto divorcio entre la Constitución Política y la realidad social".157

Son muchas las asignaturas pendientes y las grandes cuestiones nacionales que, a pesar de haber sido objeto de reformas constitucionales, esperan todavía un tratamiento adecuado a los nuevos tiempos. Salvador Valencia y Fix-Zamudio destacan entre ellas la institución municipal y el federalismo:158 no en vano, Tena Ramírez calificó al régimen federal mexicano de "precario y ficticio";159 Serafín Ortiz cuestionó la libertad constitucional del municipio,160 y Pablo González Casanova mostró la dependencia del municipio de los gobiernos federal y estatales.161

Aunque las reflexiones sobre la modernización y actualización del federalismo hayan sido impulsadas por el presidente Zedillo a través del Programa para un Nuevo Federalismo 1995-2000, convenimos con Fix-Zamudio y Valencia Carmona en que "existe la opinión que puede estimarse generalizada de que el futuro del país requiere de un replanteamiento todavía más radical del pacto federal en varias direcciones".162

Algo parecido habría que decir sobre la defensa constitucional del ambiente, que algunos han identificado como la tercera generación de los derechos humanos. Una reforma a todas luces insuficiente del artículo 27, introducida en 1987, prevé la adopción de medidas para "preparar y restaurar el equilibrio ecológico";163 pero el panorama es aún insatisfactorio, y son pocos los estudiosos del derecho que han asumido plena conciencia de la importancia de procurar la salvaguarda constitucional a ese tipo de derechos.164

A esas materias podría añadirse la todavía insatisfactoria regulación de las "lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas específicas de organización social" de los pueblos indígenas, aún en espera de la ley que, según el artículo 4o. constitucional, deberá atender a su protección y desarrollo, así como la insuficiente protección y garantías de los derechos humanos (v. apartado IX).165

Más optimista es el horizonte de las relaciones iglesias-Estado, conducidas por la vía del antagonismo por los mandatos del texto constitucional,166 y encauzadas hoy de una manera satisfactoria para ambas partes por las reformas constitucionales de 1992 y por la ley reglamentaria del artículo 130 del 15 de julio del mismo año, que han permitido su asentamiento sobre nuevos principios que, en la enumeración que hace Salvador Valencia, pueden sintetizarse en: personalidad jurídica, régimen patrimonial, libertad en materia religiosa y situación jurídica de los ministros de culto.167

VIII. LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA DE LA CONSTITUCIÓN

Más allá de la práctica política y de la apropiación de las esencias nacionales por un partido, interesa subrayar que esa situación no fue simple consecuencia de la voluntad de una elite política, sino que vino propiciada por el predominio de un enfoque de la Constitución -el político- sobre la otra opción que se presentaba a los profesionales de la política y del derecho: el normativo.168 Esa preferencia se corresponde con los presupuestos que habían guiado la acción de aquellos diputados del Constituyente que antepusieron al funcionalismo jurídico-normativo del texto fundamental sus contenidos políticos y sociales, que habían de reflejar y llevar a la práctica los ideales de la Revolución.

Al triunfar la segunda interpretación que sepultaba el positivismo jurídico y cerraba los ojos a elaboraciones teóricas muy prestigiadas fuera del país (Kelsen, Hart, Ross, Dworkin...),169 pasó a ser admitido con carácter casi general que, puesto que el derecho es producido por el poder, una correcta explicación de la Constitución relega a un segundo plano las normas constitucionales y profundiza en el análisis de los factores determinantes de esas normas. Este enfoque y su énfasis en los factores reales de poder -de resonancias lasallianas y duguitianas- parecen conformarse con la intención del Constituyente, explicitada en su definición de la democracia como "un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo", y no "solamente como una estructura jurídica y un régimen político" (artículo 3o. constitucional, fracción II, inciso a).170

Esta representación política del texto constitucional acabó prevaleciendo mayoritariamente entre los juristas mexicanos, que asumieron la hipótesis de Carl Schmitt de "que la Constitución se reducía en su esencia a un conjunto de decisiones políticas fundamentales, derivadas de los factores reales del poder que, por lo demás, habían decidido reconocer",171 y "formularon una idea de la Constitución que ayudaba a justificar ese modo concreto de dominación política".172 Admitida comúnmente por la doctrina la existencia de las decisiones fundamentales, encontraremos respuestas para todos los gustos sobre los contenidos de esas decisiones: prueba palmaria de la fuerte carga de subjetividad de las reflexiones teóricas en torno a esta cuestión.173

Así, pues, se acepta con carácter general e indiscutido que la Constitución se erige como regla integradora y programática del desarrollo integral de la colectividad, superadora de la función atribuida por el liberalismo decimonónico al texto constitucional como simple esquema normativo de la organización y ejercicio del poder.174 Precisamente uno de los principales méritos que Alfonso Noriega atribuye a Miguel Lanz Duret, a quien considera junto con Felipe Tena uno de los mejores constitucionalistas de la primera mitad del siglo, es "el haber enfrentado el estudio de nuestro Derecho Constitucional, desde el punto de vista de la realidad política de nuestro régimen".175

De todo lo anterior se sigue la importancia que la "ideología de la Revolución mexicana" adquirió entre las prácticas políticas de que se sirvieron los presidentes mexicanos para recabar amplios apoyos, desde la plataforma que les brindaba toda una estructura legal-institucional.176 El nacionalismo del poder público mexicano, plasmación fidedigna de los ideales revolucionarios, invistió al Estado como elemento integrador y constitutivo de la sociedad civil. Si puede decirse de manera general -sostiene Miguel de la Madrid- que "el Estado [en Iberoamérica] no solamente fue el reflejo de una comunidad nacional integrada, sino que por la acción de ciertos segmentos y grupos políticos, viene en realidad a constituirse en catalizador de la formación de las sociedades", con mayor razón puede afirmarse ese papel de la organización estatal en México después de la Revolución de 1910: "el Estado se convierte en el rector y diseñador de un nuevo estilo de sociedad, atendiendo a ciertos valores políticos fundamentales condensados en la ideología del nacionalismo revolucionario".177

Ese concepto de Constitución elaborado por los juristas proporcionó el instrumento perfecto a un régimen "que aspiraba a la homogeneidad social, y para el cual la democracia se reducía a un problema de sustitución periódica de los titulares de los órganos, pero no de las condiciones de dominación, de las elites o de los postulados generales del régimen".178 Resulta ocioso añadir que la renovación en los cargos representativos benefició durante décadas y de modo sistemático al partido oficial, lo cual "resultaría imposible en un sistema democrático".179

En la medida en que la Constitución incluía entre sus decisiones fundamentales los llamados "derechos sociales",180 servía también para asegurar el control corporativo sobre los grupos obreros y campesinos; aunque, al ser considerados esos derechos como normas programáticas carentes de valor normativo, acabaron por vaciarse de contenido, trivializándose, y se convirtieron en simples directivas que debían inspirar la acción de los poderes del Estado y devolver legitimidad a un sistema amenazado por sus propios fracasos en materias sociales y económicas.

Además, como advierte Pedro de Vega, los derechos sociales recogidos en los textos constitucionales se hallan sometidos a una manifesta ambigüedad, pues, por un lado adquieren la dimensión normativa que les confiere el texto constitucional, y de otro lado, a pesar de esa consagración normativa, no son auténticos derechos fundamentales:

    en cuanto que su fundamentación última radica en el principio democrático de la igualdad, los derechos sociales se han concebido básicamente como derechos democráticos de estatus, explicándose como derechos participativos cuyo ejercicio ha de ser desarrollado por el legislador, pero que, en ningún caso, pueden ser automáticamente garantizados, como los derechos fundamentales liberales, con el simple reconocimiento constitucional.181

Por otra parte, el intenso ritmo de mutaciones de la realidad social de nuestro país planteaba continuos requerimientos para la actualización de los preceptos constitucionales, que debieron sujetarse a frecuentes reformas: diecinueve experimentó el artículo 123 (sobre derecho al trabajo y retribuciones salariales) y dieciséis el artículo 27 (sobre propiedad de tierras y aguas), que son los que más veces han sido modificados. De manera que puede afirmarse con propiedad que, "si se sigue con atención el rumbo y ritmo de las reformas introducidas a la Constitución de 1917, se tendrá a la vista el panorama político de México a partir de esa fecha".182

Y, sin embargo, a las alturas de 1987 encontramos todavía juicios muy benignos sobre los resultados cosechados por el constitucionalismo social mexicano durante los setenta años transcurridos desde la reunión de Querétaro: como el de Diego Valadés, para quien los avances realizados en esas materias por el Estado mexicano resultaban inequívocos: hasta el punto de que el sistema político se veía legitimado por la vía de la tutela de los intereses sociales.183

El predominio del punto de vista político se basó, según José Ramón Cossío, en dos teorías constitucionales -la justificación del régimen en la fuerza del poder (Lassalle) y la imposibilidad de cambio del régimen imperante, en cuanto sustentado en unas decisiones políticas fundamentales del poder constituyente (Carl Schmitt)-184 y en tres corrientes teóricas complementarias:

1) una corriente histórica, que permitía presentar el estado de cosas existente como producto de las leyes de la historia nacional, que obedecían a un impulso necesario y normaban una evolución que condujo a la plenitud revolucionaria de 1910-1917 (v. apartado VI);

2) una corriente de carácter iusnaturalista, que confería al orden jurídico un carácter supremo y moralmente correcto, y

3) un tipo de pensamiento que podría calificarse de decisionista, que justificaba el derecho patrio como producto de la gran fuerza social actuante en la Revolución, y configuraba la Constitución como producto de un origen único articulado por aquella misma fuerza social y, simultáneamente, como un ente sustantivo poseedor de una finalidad preestablecida.185

Durante los últimos años del siglo ha empezado a periclitar el enfoque político, al tiempo que han ido descubriéndose las ventajas de un acercamiento a la Constitución como norma jurídica. Una de ellas, según manifiesta Carla Huerta, consiste en que "podemos dar una definición neutra, independientemente de cualquier valor que se considere trascendental en determinado momento histórico o de cualquier ideología subyacente".186

IX. EL DERECHO CONSTITUCIONAL Y LOS DERECHOS HUMANOS

Al margen de los puntos de vista que hayan predominado en la interpretación del texto constitucional, no cabe duda de que ha sido un instrumento útil para articular un régimen de gobierno y un sistema político estables. Como también es justo reconocer su importante aportación en la defensa de los derechos humanos a través del capítulo dedicado a las garantías individuales y de las posteriores reformas introducidas en su articulado: protección de la familia (artículo 4o.), regulación de las comunidades indígenas (también en el artículo 4o.), derecho a la información garantizado por el Estado (artículo 6o.), modernización del sistema penal, aparición de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de las correspondientes comisiones estatales (reforma del artículo 102).187

El convencimiento difundido entre los constitucionalistas mexicanos de que la carta magna no sólo se reduce a una regulación de la estructura total del Estado, sino que ha de ocuparse de los derechos fundamentales, justifica las críticas de Carla Huerta a Hermann Heller, cuyo concepto de constitución engloba casi todos los aspectos referentes al funcionamiento del Estado, pero excluye aquellos derechos, quedando así reducida la norma suprema a instrumento de organización carente de contenido axiológico.188

Esos avances se ven contrarrestados por la actitud renuente de los gobiernos mexicanos que, a pesar de su apoyo activo a la mayoría de los textos del derecho internacional sobre derechos humanos, eluden contraer compromisos que impliquen el establecimiento de responsabilidades. Martínez Bullé-Goyri llega incluso a hablar de

una actitud cínica por parte del gobierno, que, si bien consideró conveniente que México fuese parte en esos tratados [en 1981 se incorporaron siete al orden jurídico mexicano] no estuvo dispuesto a aceptar ningún mecanismo directo de control sobre la vigencia interna de los derechos humanos, que pudiera dar pie a una denuncia que pusiera en situación incómoda al gobierno mexicano.189

Jaime Cárdenas observa, por su parte, que la protección y garantías de los derechos humanos -un camino en el que se ha avanzado un largo trecho- continúa siendo una asignatura pendiente.190

Con todo, va calando cada vez más la persuasión de que existen límites a la soberanía absoluta, requeridos precisamente por la protección universal de los derechos del hombre, hasta el punto de justificarse la intervención internacional por razones humanitarias; aunque no dejen de expresarse reticencias a la pretensión de supremacía jerárquica del ordenamiento internacional sobre los nacionales.191

El juicio de amparo constituye un capítulo aparte y principalísimo dentro de los sistemas de protección de los derechos humanos en México. En efecto, como advierte Ulises Schmill, "la acción de amparo, como facultad de pedir a los órganos jurisdiccionales federales la revisión de la constitucionalidad de los actos estatales y su nulificación para el caso concreto sobre el que verse la demanda de amparo, es el derecho subjetivo que se deriva de las garantías individuales".192 Por eso, uno de los mejores expertos en asuntos de amparo, Héctor Fix Zamudio, sostiene que "únicamente el amparo debe considerarse como la garantía por antonomasia, en virtud de que constituye el sistema de control normal y permanente de la Constitución".193 Y Martínez Báez recuerda la enseñanza de su maestro Miguel Lanz Duret, que solía decir que no había ningún problema en el derecho mexicano que, a través del juicio de amparo, no pudiera significar una cuestión constitucional.194

Tal vez uno de los rasgos más positivos de la evolución constitucional de los últimos años en materia de derechos humanos sea la defensa de los derechos de las minorías, que entraña el reconocimiento del derecho a ser diferente y es expresión del derecho a la identidad. Ha derivado de ahí la inserción en el texto constitucional de normas sobre las comunidades indígenas, sus culturas y sus derechos.

La realidad es, sin embargo, que esas disposiciones constitucionales no han encontrado la oportuna reglamentación y que en muchos ambientes sigue prevaleciendo una orientación asimilacionista, poco respetuosa en el fondo con las especificidades de los pueblos indígenas que, si no son discriminados, sí son invitados a integrarse en unos modos sociales; que, se supone, son más civilizados y acordes con la modernidad. Una y otra vez reaparece un respeto casi idolátrico a los intereses del Estado nacional a los que, al parecer, han de plegarse cualesquiera otras consideraciones sobre las poblaciones autóctonas no identificadas con la sociedad que domina en la región. Con toda razón pudo escribir José Ramón Cossío que "de entre las ciencias sociales que demostraron tener una menor o más lenta capacidad de respuesta para la comprensión del fenómeno indigenista, destacan el Derecho o jurisprudencia".195

En ese contexto adquiere toda su lógica la tremenda afirmación de David Chacón: "hoy, la nacionalidad es un acto formal en el que el Estado determina la característica del individuo, con independencia absoluta de la identidad racial, lingüística o cultural".196 Basta adentrarse mínimamente en las escalas de valores arraigadas en amplios sectores de las clases dirigentes para percatarse de la insensibilidad generalizada hacia lo que se percibe como "otro", amenazado de extinción por ese mero hecho.197. Por eso, la promoción de los derechos humanos tropieza con obstáculos de notable magnitud en el caso de poblaciones indígenas a las que se ha "acomodado" en el seno de los modernos estados nacionales.

Notas:
1 Conviene advertir que las referencias al "texto fundamental" que se incluyen en este artículo han de ser entendidas como equivalentes a "texto constitucional": queda, pues, descartada la utilización del término en su sentido tradicional, vinculado al Antiguo Régimen, cfr. Madrid Hurtado, Miguel de la, Elementos de derecho constitucional, México, Partido Revolucionario Institucional, Instituto de Capacitación Política, 1982, pp. 26-27.
2 Carpizo, Jorge, El presidencialismo mexicano, México, Siglo Veintiuno Editores, 1979, p. 11.
3 López-Ayllón, Sergio y Fix-Fierro, Héctor, "'Tan cerca, tan lejos'. Estado de derecho y cambio jurídico en México (1970-1999)", Boletín Mexicano de Derecho Comparado, nueva serie, año XXXIII, núm. 97, enero-abril de 2000, pp. 155-267 (p. 158). Cfr. Ibidem, pp. 167-168.
4 Cfr. Lujambio, Alonso, Federalismo y Congreso en el cambio político de México, México, Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1995, p. 5.
5 Vallejo y Arizmendi, Jorge, y Medina Mora, Raúl, Ensayo bibliográfico de derecho constitucional mexicano y de garantías y amparo, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1947.
6 Ensayo bibliográfico de derecho constitucional mexicano y de garantías, amparo y derechos humanos, segunda edición actualizada por Eugenio Hurtado Márquez, México, UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1998.
7 Cfr. Tena Ramírez, Felipe, Derecho constitucional mexicano, México, Porrúa, 1963, p. 71. Los mismos nombres aparecen citados en las ediciones de 1958 y 1961 y en las posteriores de 1964, 1967 y 1970. En las anteriores a 1958 falta el capítulo "El derecho constitucional", incluido con el número V en las ediciones sucesivas, donde se inserta esa enumeración.
8 En la bibliografía final de El presidencialismo mexicano, Jorge Carpizo incluye una obra de Genaro García titulada Nociones de derecho constitucional ajustadas a la Constitución de 1917, publicada en México y en 1925 por la Sociedad de Edición y Librería Franco Americana, cfr. Carpizo, Jorge, El presidencialismo mexicano, p. 234. En el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México existe un ejemplar de ese libro de Genaro García, que no está incluido en el Ensayo bibliográfico de Jorge Vallejo, Raúl Medina y Eugenio Hurtado citado en nota anterior. Se trata de una edición anterior a la que maneja Carpizo, México, Librería de la Vda. de Ch. Bouret, 1917
9 Conocemos dos obras de Hilario Medina, La Constitución político-social, México, Imprenta Comercial Mexicana, 1932 (se trata de un texto breve, de veinticuatro páginas, correspondiente a una conferencia pronunciada por su autor el 26 de septiembre de 1932 en la ciudad de México, con ocasión del Congreso Jurídico Nacional), y Socialismo constitucional, México, Antigua Imprenta de Murguía, 1942. Sólo el primero de esos libros aparece registrado en la bibliografía de Jorge Vallejo, Raúl Medina y Eugenio Hurtado.
10 Aunque este autor nunca escribiera un tratado de derecho constitucional, debe ser contado entre los mejores especialistas en la materia, pues tiene en su haber obras de acreditado mérito, como La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Génesis, exégesis, hermenéutica, crítica y proyecciones, México, Editorial Cultura, 1946-1952, 2 tomos, o Curso de amparo. Instituciones fundamentales, México, Ediciones Botas, 1966 (hay una segunda edición de Porrúa en 1983).
11 Barajas Jiménez, Ricardo, Catecismo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, México, Librería de Manuel Porrúa, 1972.
12 Herrera y Lasso, Manuel, Estudios políticos y constitucionales, presentación de Antonio Martínez Báez, México, Escuela Libre de Derecho-Miguel Ángel Porrúa, 1986, p. 8. Cfr. Martínez Báez, Antonio, Obras, vol. I: Obras político-constitucionales, México, UNAM, Coordinación de Humanidades, 1994, pp. 71-72.
13 Herrera y Lasso, Manuel, Estudios políticos y constitucionales, p. 434.
14 Ibidem, p. 436.
15 Cfr. ibidem, p. 515.
16 Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, y Valencia Carmona, Salvador, Derecho constitucional mexicano y comparado, México, Porrúa-UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1999, p. 26.
17 Cfr. Arteaga Nava, Elisur, Derecho constitucional, prólogo de José Francisco Ruiz Massieu, México, Oxford University Press-Harla, 1998, p. XXIV.
18 Cfr. Polo Bernal, Efraín, Manual de derecho constitucional, México, Porrúa, 1985.
19 Herrera y Lasso, Manuel, Estudios políticos y constitucionales, pp. 515-516.
20 Es el caso de mencionar dos trabajos recientes: Huerta Ochoa, Carla, Mecanismos constitucionales para el control del poder político, México, UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1998, y Mora-Donatto, Cecilia Judith, Las comisiones parlamentarias de investigación como órganos de control político, México, UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas-LVII Legislatura de la Cámara de Diputados, 1998. Por supuesto, ha de mencionarse aquí el trabajo pionero de Susana T. Pedroza de la Llave, merecedor del Premio Instituto Nacional de Administración Pública de 1994, que se adelantó a esa sugerencia de Diego Valadés, cfr. Pedroza de la Llave, Susana Thalía, El control del gobierno: función del "Poder Legislativo", México, Instituto Nacional de Administración Pública, 1996. Antes que Susana Pedroza, J. Jesús Orozco había dedicado su atención al desarrollo de los controles intraorgánicos e interorgánicos: cfr. Orozco Henríquez, J. Jesús, "El sistema presidencial en el Constituyente de Querétaro y su evolución posterior", et. al., El sistema presidencial mexicano (Algunas reflexiones), México, UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1998, pp. 1-148 (pp. 71-146).
21 Cfr. Valadés, Diego, El control del poder, México, UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1998, pp. 3, 423-425 y 429; Fix-Zamudio, Héctor, y Valencia Carmona, Salvador, Derecho constitucional mexicano y comparado, pp. 31-32, 38 y 675, y Pedroza de la Llave, Susana Thalía, El control del gobierno: función del "Poder Legislativo", pp. 29-32. Un primer acercamiento de parte del propio Valadés a las relaciones por las que se vinculan y controlan entre sí los órganos del poder, Valadés, Diego, "El control interorgánico entre los poderes Legislativo y Ejecutivo de México", et. al., El sistema presidencial mexicano (Algunas reflexiones), pp. 245-268.
22 Huerta Ochoa, Carla, Mecanismos constitucionales para el control del poder político, p. 180.
23 Ibidem, p. 175.
24 Cfr. Cossío, José Ramón, Dogmática constitucional y régimen autoritario, México, Fontamara, 1998, y Cossío D., José Ramón, "La representación constitucional en México", en Valadés, Diego, y Carbonell, Miguel (coords.), Constitucionalismo iberoamericano del siglo XXI, México, UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2000, pp. 63-97.
25 Cfr. Cossío Díaz, José Ramón, "Los supuestos de la constitucionalidad", Hacia una nueva constitucionalidad, México, UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1999, pp. 145-166 (p. 157).
26 Cfr. Sayeg Helú, Jorge, El Congreso Constituyente de 1916-1917, México, Biblioteca del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, 1978, pp. 95-100.
27 Sobre la vertiente social del constitucionalismo mexicano del siglo XX pueden verse, entre otros, Mendieta y Núñez, Lucio, Derecho social mexicano, México, Porrúa, 1980; Lanz Duret, Miguel, Derecho constitucional mexicano y consideraciones sobre la realidad política de nuestro régimen, México, Norgis Editores, 1959; Sayeg Helú, Jorge, El constitucionalismo social mexicano. La integración constitucional de México, México, Cultura y Ciencia Política, 1972-1975, 4 vols., Trueba Urbina, Alberto, La primera Constitución político-social del mundo. Teoría y proyección, México, Porrúa, 1971; Trueba Urbina, Alberto, Derecho social mexicano, México, Porrúa, 1978, y Vega Vera, David M., El presidencialismo mexicano en la modernidad. Estudio sociológico y constitucional, México, Porrúa, 1989. José María Calderón habla de la instauración de una "dictadura social" por el Constituyente de Querétaro. Cfr. Calderón, José María, Génesis del presidencialismo en México, México, Ediciones El Caballito, 1972, p. 135.
28 Martínez Báez, Antonio, Obras, vol. I, p. 343.
29 Madrid Hurtado, Miguel de la, Elementos de derecho constitucional, p. 545.
30 Carpizo, Jorge, La Constitución Mexicana de 1917, México, UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1980, p. 19.
31 Cossío, José Ramón, Dogmática constitucional y régimen autoritario, p. 10.
32 Cfr. Lujambio, Alonso, Federalismo y Congreso en el cambio político de México, p. 28.
33 Cfr. Zagrebelsky, Gustavo, El derecho dúctil, Madrid, Trotta, 1995, p. 14; Fix-Zamudio, Héctor, y Valencia Carmona, Salvador, Derecho constitucional mexicano y comparado, pp. 33 y 37; Cossío Díaz, José Ramón, "Los supuestos de la constitucionalidad", pp. 161-162, y López-Ayllón, Sergio, y Fix-Fierro, Héctor, "'Tan cerca, tan lejos'. Estado de derecho y cambio jurídico en México (1970-1999)", pp. 177-180.
34 Cfr. Prieto Sanchís, Luis, "Los derechos sociales y el principio de igualdad sustancial", en Carbonell, Miguel; Cruz Parcero, Juan A., y Vázquez, Rodolfo (comps.), Derechos sociales y derechos de las minorías, México, UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2000, pp. 15-65 (p. 64).
35 Fix-Zamudio, Héctor y Valencia Carmona, Salvador, Derecho constitucional mexicano y comparado, p. 38.
36 Cfr. Rabasa, Emilio O., El pensamiento político y social del Constituyente de 1916-1917, México, UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1996, pp. 83-138.
37 Cfr. Hernández, Octavio A., La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pp. 43-44, t. II; Madrid Hurtado, Miguel de la, "El Congreso Constituyente de 1916-1917", Los derechos del pueblo mexicano. México a través de sus Constituciones, México, Manuel Porrúa L-Legislatura de la Cámara de Diputados, 1978, p. 606, t. II, nota 17; Madrid Hurtado, Miguel de la, Estudios de derecho constitucional, México, Partido Revolucionario Institucional, Instituto de Capacitación Política, 1981, pp. 82-83, y Rabasa, Emilio O., El pensamiento político y social del Constituyente de 1916-1917, p. 103.
38 Cossío, José Ramón, Dogmática constitucional y régimen autoritario, pp. 20-21. Cfr. Trueba Urbina, Alberto, Derecho social mexicano, pp. 148-150. En el inciso 6) se recogen los puntos de vista de Tena Ramírez, Carpizo y Schmill sobre el alcance revolucionario del periodo 1910-1917.
39 Cossío, José Ramón, Dogmática constitucional y régimen autoritario, pp. 24-25.
40 Es el punto de vista que Jorge Carpizo hace suyo: "nuestro movimiento social rompió la vieja estructura jurídica que la ahogaba, siendo el conjunto de hechos, denominado movimiento social, la base de la Constitución mexicana de este siglo. La base de toda constitución es la vida misma que la norma trata de plasmar", Carpizo, Jorge, La Constitución mexicana de 1917, p. 125.
41 Cossío, José Ramón, Dogmática constitucional y régimen autoritario, p. 28.
42 Cfr. Trueba Urbina, Alberto, La primera Constitución político-social del mundo, pp. 52-53 y Valencia Carmona, Salvador, Derecho constitucional mexicano a fin de siglo, México, Porrúa-UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1995, p. 194.
43 Cfr. Cossío D., José Ramón, "La representación constitucional en México", p. 75, y Sayeg Helú, Jorge, El constitucionalismo social mexicano, vol. IV, pp. 297 y 298.
44 Tena Ramírez, Felipe, Derecho constitucional mexicano, p. 18.
45 Cfr. Schmill Ordóñez, Ulises, El sistema de la Constitución mexicana, México, Librería de Manuel Porrúa, 1971, p. 81.
46 Diario de los debates del Congreso Constituyente 1916-1917, México, Ediciones de la Comisión Nacional para la celebración del sesquicentenario de la proclamación de la Independencia nacional y del cincuentenario de la Revolución Mexicana, 1960, vol. I, p. 963 (26 de diciembre de 1916).
47 Madrid Hurtado, Miguel de la, Estudios de derecho constitucional, pp. 173 y 174.
48 Cfr. Moreno, Daniel, Derecho constitucional mexicano, México, Editorial Pax-México, 1981, p. 269.
49 Cfr. Martínez Báez, Antonio, Obras, vol. I, p. 68.
50 Schmill Ordóñez, Ulises, El sistema de la Constitución mexicana, p. 55.
51 Cfr. Moreno, Daniel, Derecho constitucional mexicano, p. 223.
52 Cfr. Lanz Duret, Miguel, Derecho constitucional mexicano, pp. 238-239; Herrera y Lasso, Manuel, Estudios políticos y constitucionales, pp. 115-122; Martínez Báez, Antonio, Obras, vol. I, pp. 76-81 y 85-99; Tena Ramírez, Felipe, Derecho constitucional mexicano, pp. 36-38; Sepúlveda, César, "La situación de los tratados en el orden legal mexicano", Comunicaciones Mexicanas al VI Congreso Internacional de Derecho Comparado (Hamburgo, 1962), México, UNAM-Instituto de Derecho Comparado, 1962, pp. 203-217 (pp. 204-209); Fix Zamudio, Héctor, "Supremacía del Ejecutivo en el derecho constitucional mexicano", Comunicaciones Mexicanas al VII Congreso Internacional de Derecho Comparado, México, UNAM-Instituto de Derecho Comparado, 1966, pp. 131-181 (pp. 163-164); Madrid Hurtado, Miguel de la, Elementos de derecho constitucional, p. 256; Carpizo, Jorge, La Constitución mexicana de 1917, pp. 193 y 194; id., "La interpretación del artículo 133 constitucional", Boletín Mexicano de Derecho Comparado, nueva serie, año. II, núm. 4, enero-abril de 1969, pp. 3-32; Valadés, Diego, La Constitución reformada, México, UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1987, p. 198 y Gómez-Robledo Verduzco, Alonso, "El régimen jurídico de los tratados en México y el artículo 133 constitucional", Problemas actuales del derecho constitucional. Estudios en homenaje a Jorge Carpizo, UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1994, pp. 157-168 (pp. 158-160).
53 Cfr. Carbonell, Miguel, Constitución, reforma constitucional y fuentes del derecho en México, México, Porrúa-UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2000, pp. XXVI-XXIX, y Becerra Ramírez, Manuel, Carpizo, Jorge, et. al., "Comentarios jurisprudenciales", Cuestiones Constitucionales. Revista Mexicana de Derecho Constitucional, núm. 3, julio-diciembre de 2000, pp. 169-208,
54 Cfr. Ferrer Muñoz, Manuel, La formación de un Estado nacional en México (El Imperio y la República federal: 1821-1835), México, UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1995, pp. 44-48, 155-156 y 158-161. Viene al caso citar unas palabras del diputado Paulino Machorro y Narváez ante el Congreso Constituyente de 1916-1917, que suenan a acto de fe teologal: "no puede haber dos soberanías en un mismo territorio; sólo la Federación ha realizado este milagro mediante la división ideológica que se ha hecho de la soberanía interior y de soberanía exterior", Diario de los debates del Congreso Constituyente 1916-1917, vol. I, p. 965 (26 de diciembre de 1916).
55 Cfr. Tena Ramírez, Felipe, Derecho constitucional mexicano, pp. 8-9.
56 Madrid Hurtado, Miguel de la, Elementos de derecho constitucional, pp. 242, 244-246 y 290-291. Cfr. Madrid Hurtado, Miguel de la, Estudios de derecho constitucional, pp. 122-124; Campillo, Aurelio, Tratado elemental de derecho constitucional mexicano, Jalapa, Tipográfica "La Económica", 1928, t. I, p. 863; Lanz Duret, Miguel, Derecho constitucional mexicano, pp. 19-21, 35-36 y 351-364; Tena Ramírez, Felipe, Derecho constitucional mexicano, pp. 16-17 y capítulo VIII; González Flores, Enrique, Manual de derecho constitucional, México, Librería de Manuel Porrúa, 1958, pp. 196-197; Ortiz Ramírez, Serafín, Derecho constitucional mexicano. Sus antecedentes históricos, las garantías individuales y el juicio de amparo, México, Editorial Cultura, 1961, pp. 233-235; Burgoa, Ignacio, Derecho constitucional mexicano, México, Porrúa, 1973, pp. 277-291; Carpizo, Jorge, La Constitución mexicana de 1917, p. 184, y Arteaga Nava, Elisur, Derecho constitucional, pp. 12 y 15.
57 Cfr. Carpizo, Jorge, La Constitución mexicana de 1917, p. 240, y Burgoa, Ignacio, Derecho constitucional mexicano, pp. 300-307.
58 Cfr. González Casanova, Pablo, El Estado y los partidos políticos en México, Ediciones Era, 1981, pp. 39-42.
59 Sobre los anteriores intentos de organizar formaciones políticas partidistas al servicio de los caudillos depositarios de las "esencias" revolucionarias, cfr. Cosío Villegas, Daniel, El sistema político mexicano. Las posibilidades de cambio, México, Cuadernos de Joaquín Mortiz, 1972, pp. 40-48, y González Casanova, Pablo, El Estado y los partidos políticos en México, pp. 42-44.
60 Cfr. Marquet Guerrero, Porfirio, La estructura constitucional del Estado mexicano, UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1975, pp. 98-106.
61 Cfr. González Casanova, Pablo, El Estado y los partidos políticos en México, pp. 45 y 46; Moreno, Daniel, Derecho constitucional mexicano, p. 317, y Cossío D., José Ramón, "La representación constitucional en México", pp. 64-68. Un interesante análisis comparativo de los documentos correspondientes a la fundación de esas formaciones políticas, Cosío Villegas, Daniel, El sistema político mexicano, pp. 87-89. El partido en el poder, México, Partido Revolucionario Institucional, IEPES, 1990, recoge seis ensayos que muestran la evolución del proceso que, iniciado con la fundación del PNR, culminó con la creación del PRI. Véase también Moreno, Daniel, Los partidos políticos del México contemporáneo 1916-1985, México, Editorial Pax-México, 1985, pp. 110-141.
62 Cfr. Sartori, Giovanni, Partidos y sistemas de partidos. Marco para un análisis, Madrid, Alianza Universidad, 1987, vol. I, p. 285.
63 Cfr. Cárdenas Gracia, Jaime F., Transición política y reforma constitucional en México, México, UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1994, pp. 63 y 154-155.
64 Cfr. González Casanova, Pablo, La democracia en México, México, Ediciones Era, 1969, p. 25.
65 Campillo, Aurelio, Tratado elemental de derecho constitucional mexicano, t. I, p. LIV.
66 Cfr. Cosío Villegas, Daniel, El sistema político mexicano, pp. 35, 38 y 50, y González Casanova, Pablo, La democracia en México, p. 48.
67 Madrid Hurtado, Miguel de la, Estudios de derecho constitucional, p. 209. Cfr. Sayeg Helú, Jorge, El constitucionalismo social mexicano, vol. IV, pp. 199-206, y Cárdenas Gracia, Jaime F., Una Constitución para la democracia. Propuestas para un nuevo orden constitucional, México, UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1996, p. 277. Sobre los contenidos de esos programas, sobrados de ambigüedad, cfr. Cosío Villegas, Daniel, El sistema político mexicano, pp. 51, 53-55 y 57.
68 Cossío, José Ramón, Dogmática constitucional y régimen autoritario, p. 36. Cfr. Cosío Villegas, Daniel, El sistema político mexicano, p. 53; Sayeg Helú, Jorge, El constitucionalismo social mexicano, vol. IV, pp. 177-180, y Cossío D., José Ramón, "La representación constitucional en México", p. 67.
69 Cfr. Cosío Villegas, Daniel, El sistema político mexicano, pp. 50 y 51, y González Casanova, Pablo, El Estado y los partidos políticos en México, p. 137. El carácter incluyente del partido de Estado, en sus dos primeras etapas PNR y PRM fue atinadamente expuesto por Pablo González Casanova, que acertó a identificar cuáles eran los grupos que esas formaciones políticas querían atraer, "el PNR era un partido de partidos: el PRM fue un partido de sectores", González Casanova, Pablo, El Estado y los partidos políticos en México, p. 55.
70 Cossío, José Ramón, Dogmática constitucional y régimen autoritario, p. 36, y Cossío D., José Ramón, "La representación constitucional en México", p. 68. Cfr. Cárdenas Gracia, Jaime F., Transición política y reforma constitucional en México, p. 65.
71 Fuentes, Carlos, "Metamorfosis de los partidos", El País, 25 de julio de 2000.
72 Cfr. Cosío Villegas, Daniel, El sistema político mexicano, pp. 68-72; González Casanova, Pablo, La democracia en México, p. 24; Moreno, Daniel, Derecho constitucional mexicano, p. 317, y Alcocer V., Jorge, "Los partidos políticos y el Poder Legislativo (Reflexiones a partir de la experiencia mexicana)", et. al., El Poder Legislativo en la actualidad, México, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión-UNAM-Instituto de Investigaiones Jurídicas, 1994, pp. 227-235.
73 Orozco Henríquez, J. Jesús, "Comentario al artículo 41", Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos comentada, México, UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1994, pp. 181-196 (p. 184). Cfr. Moreno, Daniel, Derecho constitucional mexicano, pp. 458-463; Carpizo, Jorge, La Constitución mexicana de 1917, pp. 227-231; Valadés, Diego, El control del poder, p. 404; Valencia Carmona, Salvador, Derecho constitucional mexicano a fin de siglo, pp. 79 y 80; Fix-Zamudio, Héctor, y Valencia Carmona, Salvador, Derecho constitucional mexicano y comparado, pp. 182 y 183.
74 Tena Ramírez, Felipe, Derecho constitucional mexicano, p. 92.
75 Ha de destacarse la decidida inclinación de Carranza por el presidencialismo, como medio para limitar al Poder Legislativo, de acuerdo con las recomendaciones de Rabasa, cfr. Calderón, José María, Génesis del presidencialismo en México, pp. 95-107 y 109-133.
76 Cfr. Campillo, Aurelio, Tratado elemental de derecho constitucional mexicano, t. I, p. LIV, y t. II, p. 228; Lanz Duret, Miguel, Derecho constitucional mexicano, pp. 112-115, 210-211 y 228-229; González Casanova, Pablo, La democracia en México, p. 32; Madrid Hurtado, Miguel de la, Elementos de derecho constitucional, pp. 387 y 393-406; Valadés, Diego, El control del poder, p. 364; Valencia Carmona, Salvador, Derecho constitucional mexicano a fin de siglo, p. 51; Cárdenas Gracia, Jaime F., Transición política y reforma constitucional en México, p. 73; Valencia Carmona, Salvador, "Las tendencias constitucionales básicas después de 1917", et. al., La ciencia del derecho durante el siglo XX, México, UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1998, pp. 45-91 (pp. 60-64); Huerta Ochoa, Carla, Mecanismos constitucionales para el control del poder político, p. 180, y Serna de la Garza, José María, La reforma del Estado en América Latina: los casos de Brasil, Argentina y México, México, UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1998, pp. 204 y 205.
77 González Casanova, Pablo, La democracia en México, p. 36.
78 Cosío Villegas, Daniel, El sistema político mexicano, p. 21.
79 Cfr. Marquet Guerrero, Porfirio, La estructura constitucional del Estado mexicano, p. 180.
80 Cfr. Cárdenas Gracia, Jaime F., Una Constitución para la democracia, p. 38.
81 Lanz Duret, Miguel, Derecho constitucional mexicano, p. 211.
82 Cfr. Fix Zamudio, Héctor, "Supremacía del Ejecutivo en el derecho constitucional mexicano", pp. 176 y 177, y Marquet Guerrero, Porfirio, La estructura constitucional del Estado mexicano, p. 179.
83 Cfr. Moreno, Daniel, Derecho constitucional mexicano, pp. 398-410 y 429-431. En la misma línea interpretativa se sitúan Miguel Lanz Duret y Porfirio Marquet Guerrero, cfr. Marquet Guerrero, Porfirio, La estructura constitucional del Estado mexicano, p. 178.
84 Cfr. Carpizo, Jorge, El presidencialismo mexicano, pp. 25-26.
85 Cfr. Huerta Ochoa, Carla, Mecanismos constitucionales para el control del poder político, p. 120.
86 Valadés, Diego, El control del poder, p. 362. Cfr. Calderón, José María, Génesis del presidencialismo en México, pp. 217-218.
87 Buen, Néstor de, "El desarrollo del derecho del trabajo en el siglo XX", et. al., La ciencia del derecho durante el siglo XX, pp. 853-920 (p. 870).
88 González Casanova, Pablo, El Estado y los partidos políticos en México, p. 115.
89 Cfr. Cárdenas Gracia, Jaime F., " En búsqueda de diseños constitucionales para la transición", Problemas actuales del derecho constitucional, pp. 69-96 (pp. 69 y 70).
90 Cosío Villegas, Daniel, El sistema político mexicano, p. 31.
91 Calderón, José María, Génesis del presidencialismo en México, p. 236.
92 Cfr. Vega Vera, David M., El presidencialismo mexicano en la modernidad, pp. 1-29 y 46-47.
93 Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, y Valencia Carmona, Salvador, Derecho constitucional mexicano y comparado, p. 409.
94 Valencia Carmona, Salvador, Derecho constitucional mexicano a fin de siglo, p. 199. Cfr. "Debates sobre el artículo 27", Derechos del pueblo mexicano. México a través de sus constituciones, México, Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, LV Legislatura, 1994, vol. IV, pp. 482-1498 (p. 495); Calderón, José María, Génesis del presidencialismo en México, p. 172; Moreno, Daniel, Derecho constitucional mexicano, p. 429; Carpizo, Jorge, El presidencialismo mexicano, pp. 154-156; Orozco Henríquez, J. Jesús, "El sistema presidencial en el Constituyente de Querétaro y su evolución posterior", pp. 31 y 32, y Carpizo, Jorge, La Constitución mexicana de 1917, p. 299. Sayeg Helú incurre en error al comentar este artículo de la Constitución, pues sostiene que esa facultad se concedió al Ejecutivo con motivo de las reformas que se incorporaron al artículo en el año 1934: ya figuraba esa facultad en la redacción original del artículo 27 constitucional, al final del texto, y quedó recogida en idénticos términos en la nueva versión del artículo 27 que se publicó el 10 de enero de 1934. Cfr. Sayeg Helú, Jorge, El constitucionalismo social mexicano, vol. IV, p. 103, y "Debates sobre el artículo 27", p. 553.
95 Cfr. Valadés, Diego, El control del poder, p. 363, y Orozco Henríquez, J. Jesús, "El sistema presidencial en el Constituyente de Querétaro y su evolución posterior", pp. 29 y 30 y 40-46.
96 Cfr. Lanz Duret, Miguel, Derecho constitucional mexicano, p. 229.
97 Cfr. Fuentes, Carlos, "Metamorfosis de los partidos".
98 Cfr. Tena Ramírez, Felipe, Leyes fundamentales de México 1808-1973, México, Porrúa, 1973, p. 911.
99 Cfr. idem; Martínez Báez, Antonio, Obras, vol. I, p. 393; Orozco Henríquez, J. Jesús, "El sistema presidencial en el Constituyente de Querétaro y su evolución posterior", pp. 34-36, y González, María del Refugio, y López Ayllón, Sergio (eds.), Transiciones y diseños institucionales, México, UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1999, p. 149.
100 Cfr. Pérez Treviño, Manuel, "Constitución del Partido Nacional Revolucionario", Materiales de cultura y divulgación política mexicana, México, Partido Revolucionario Institucional, 1974, pp. 2-15 (en particular, pp. 7-15); Martínez Báez, Antonio, Obras, vol. I, p. 477; Carpizo, Jorge, El presidencialismo mexicano, pp. 57-58; Orozco Henríquez, J. Jesús, "El sistema presidencial en el Constituyente de Querétaro y su evolución posterior", p. 36; Valadés, Diego, La Constitución reformada, pp. 90-95; id, "El control interorgánico entre los poderes Legislativo y Ejecutivo de México", pp. 252-256.
101 Cfr. Sayeg Helú, Jorge, El constitucionalismo social mexicano, vol. IV, pp. 103-105; Orozco Henríquez, J. Jesús, "El sistema presidencial en el Constituyente de Querétaro y su evolución posterior", pp. 36-44, y González, María del Refugio, y López Ayllón, Sergio (eds.), Transiciones y diseños institucionales, pp. 149-154.
102 Cfr. Herrera y Lasso, Manuel, Estudios políticos y constitucionales, pp. 126-127 y 201-202; Martínez Báez, Antonio, Obras, vol. I, pp. 393-396, y Ferrer Muñoz, Manuel, "Aspectos de la reelección en México", Crónica Legislativa, Órgano de información de la LVII Legislatura H. Cámara de Diputados, núm. 5, tercera época, 1o. de diciembre de 1998-15 de enero de 1999, pp. 48-55.
103 Cfr. Valadés, Diego, El control del poder, pp. 413-414; Valencia Carmona, Salvador, Derecho constitucional mexicano a fin de siglo, p. 51, y Alcocer V., Jorge, "Los partidos políticos y el Poder Legislativo (Reflexiones a partir de la experiencia mexicana)", p. 229.
104 Cosío Villegas, Daniel, El sistema político mexicano, p. 29. Cfr. Carpizo, Jorge, El presidencialismo mexicano, pp. 115-116.
105 Carpizo, Jorge, La Constitución mexicana de 1917, p. 293.
106 Cosío Villegas, Daniel, El sistema político mexicano, p. 31.
107 Cfr. González Casanova, Pablo, La democracia en México, p. 26 y Cárdenas Gracia, Jaime F., Transición política y reforma constitucional en México, pp. 64 y 72-73.
108 Cfr. Carpizo, Jorge, El presidencialismo mexicano, p. 197.
109 Cfr. ibidem, p. 217; González Casanova, Pablo, La democracia en México, p. 36; Martínez Assad, Carlos, y Madrazo, Jorge, "El Ejecutivo y los grupos de presión", et. al., El sistema presidencial mexicano (Algunas reflexiones), pp. 417-465, y Fix-Zamudio, Héctor, y Valencia Carmona, Salvador, Derecho constitucional mexicano y comparado, p. 180.
110 Fix Zamudio, Héctor, "Estudio sobre la jurisdicción constitucional mexicana", en Cappelletti, Mauro, La jurisdicción constitucional de la libertad, México, Imprenta Universitaria, 1961, pp. 131-247 (p. 137). Cfr. Fix Zamudio, Héctor, "Supremacía del Ejecutivo en el derecho constitucional mexicano", p. 180, id, y Valencia Carmona, Salvador, Derecho constitucional mexicano y comparado, p. 804. Tal vez sea éste el momento de mencionar la amplísima bibliografía que, sobre garantías, amparo y derechos humanos, se recoge en Ensayo bibliográfico de derecho constitucional mexicano y de garantías, amparo y derechos humanos, pp. 449-682. También es pertinente mencionar la monumental Historia del Amparo en México publicada en seis tomos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 1999.
111 Cfr. Mejía, Miguel, Errores constitucionales. Las arbitrariedades judiciales y los juicios de amparo. Refutación de los muchos errores que han invadido la jurisprudencia constitucional, y exposición de los buenos principios. Examínanse en primer lugar las cuestiones constitucionales que surgen de la aplicación de las leyes en la administración de justicia, México, UNAM-Coordinación de Humanidades, 1977 (edición facsimilar de la de México, Tipografía de "La Época" de Juan B. Acosta, 1886); Rabasa, Emilio, Derecho constitucional. Conferencias dadas en la Escuela Libre de Derecho en los años de 1927-1928, México, s. e., 1961, pp. 218-228; Burgoa, Ignacio, El juicio de amparo, México, Porrúa, 1950, p. 19, y Noriega, Alfonso, Lecciones de amparo, México, Porrúa, 1980, pp. XXXVII-XLVIII.
112 Cfr. Cossío D., José Ramón, "La representación constitucional en México", p. 68.
113 Cfr. Rabasa, Emilio O., El pensamiento político y social del Constituyente de 1916-1917, pp. 17 y 18.
114 Herrera y Lasso, Manuel, Estudios políticos y constitucionales, p. 309. En cambio, Elisur Arteaga se muestra crítico con las disposiciones de los autores de las Leyes Constitucionales de 1836 en materia de ayuntamientos, que analiza desde la perspectiva de la hostilidad de ese Constituyente hacia los principios federales, cfr. Arteaga Nava, Elisur, Derecho constitucional, pp. 692 y 693.
115 Cossío, José Ramón, Dogmática constitucional y régimen autoritario, p. 37, y Cossío D., José Ramón, "La representación constitucional en México", p. 68.
116 Madrid Hurtado, Miguel de la, Estudios de derecho constitucional, p. 49.
117 Ibidem, p. 59.
118 Ibidem, p. 99.
119 Cfr. Cárdenas Gracia, Jaime F., "En búsqueda de diseños constitucionales para la transición", p. 79. La importancia que ha cobrado el tema de la transición política hacia la plena democracia en México y otros países justifica la atención que los constitucionalistas de final de siglo han concedido a la teoría de las transiciones, cfr. Fix-Zamudio, Héctor, y Valencia Carmona, Salvador, Derecho constitucional mexicano y comparado, pp. 286-292.
120 Lanz Duret, Miguel, Derecho constitucional mexicano, p. 219.
121 Cfr. Tena Ramírez, Felipe, Derecho constitucional mexicano, p. 71.
122 Cfr. Herrera y Lasso, Manuel, Estudios políticos y constitucionales, pp. 49-50 y 71-73.
123 Cfr. Carpizo, Jorge, La Constitución mexicana de 1917, p. 14.
124 Ibidem, p. 17.
125 Cfr. ibidem, pp. 44-45, y Ortiz Ramírez, Serafín, Derecho constitucional mexicano, pp. 132-136.
126 Tena Ramírez, Felipe, Derecho constitucional mexicano, p. 57. Cfr. Ibidem, pp. 61-63; González Casanova, Pablo, El Estado y los partidos políticos en México, p. 38, y Schmill Ordóñez, Ulises, El sistema de la Constitución mexicana, pp. 68-70.
127 Schmill Ordóñez, Ulises, El sistema de la Constitución mexicana, p. 74.
128 Cfr. ibidem, pp. 75-76.
129 Cfr. Valdeavellano, Luis G. de, Curso de historia de las instituciones españolas. De los orígenes al final de la Edad Media, Madrid, Revista de Occidente, 1973, pp. 362-363 y 378-393, y Madrid Hurtado, Miguel de la, Elementos de derecho constitucional, p. 517.
130 Cfr. Herrera y Lasso, Manuel, Estudios políticos y constitucionales, p. 499.
131 Valencia Carmona, Salvador, Derecho constitucional mexicano a fin de siglo, p. 309.
132 Cfr. Carr, Raymond, España 1808-1939, Barcelona, Ediciones Ariel, 1970, pp. 107 y 108, y Artola, Miguel (dir.), Historia de España dirigida por [...], vol. V; Artola, Miguel, La burguesía revolucionaria (1808-1874), Madrid, Alianza Editorial, 1990, pp. 88-91.
133 Cfr. Ruiz Massieu, José Francisco, "El nuevo artículo 115", Ruiz Massieu, José Francisco, y Valadés, Diego, Nuevo derecho constitucional mexicano, México, Porrúa, 1983, pp. 243-260 (p. 245).
134 Cfr. Sayeg Helú, Jorge, El constitucionalismo social mexicano, vol. I, pp. 31-32, 35, 37 y 217.
135 Cfr. Arteaga Nava, Elisur, Derecho constitucional, pp. 692-693.
136 Cfr. Burgoa, Ignacio, Derecho constitucional mexicano, pp. 33-98.
137 Cfr. Trueba Urbina, Alberto, Derecho social mexicano, pp. 57-67 y 105-106.
138 Cfr. Tena Ramírez, Felipe, Derecho constitucional mexicano, p. 70. Daniel Moreno ha precisado la influencia que Vallarta, como la mayoría de los juristas mexicanos de su época, recibió de Ahrens; cfr. Moreno, Daniel, Derecho constitucional mexicano, p. 282.
139 Cfr. Tena Ramírez, Felipe, Derecho constitucional mexicano, pp. 71-73.
140 Cfr. Martínez Báez, Antonio, Obras, vol. I, p. 468.
141 Cfr. Arteaga Nava, Elisur, Derecho constitucional, pp. 66-67.
142 Cfr. Schmill Ordóñez, Ulises, El sistema de la Constitución mexicana, pp. 17-19.
143 Lanz Duret, Miguel, Derecho constitucional mexicano, prólogo del licenciado Alfonso Noriega, Jr., pp. XII-XIII.
144 Martínez Báez, Antonio, Obras, vol. I, p. 41. Véase también Burgoa, Ignacio, Derecho constitucional mexicano, p. 90.
145 Ibidem, pp. 41 y 42. Las cursivas son mías.
146 Morlino, Leonardo, Cómo cambian los regímenes políticos. Instrumentos de análisis, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1985, p. 49. Cfr. Cosío Villegas, Daniel, El sistema político mexicano, p. 56, y Serna de la Garza, José María, La reforma del Estado en América Latina, pp. 205-206.
147 Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, y Valencia Carmona, Salvador, Derecho constitucional mexicano y comparado, p. 39.
148 Cárdenas Gracia, Jaime F., Transición política y reforma constitucional en México, p. 58.
149 Lujambio, Alonso, Federalismo y Congreso en el cambio político de México, p. 51.
150 Lanz Duret, Miguel, Derecho constitucional mexicano, pp. 14 y 15. Cfr. Concha Cantú, Hugo Alejandro, "Estado de derecho e instituciones políticas", Pemex Lex. Revista Jurídica Petróleos Mexicanos, núms. 91-92, enero-febrero de 1996, pp. 30-36 (pp. 33-35), y Concha Cantú, Hugo Alejandro, "La legitimidad constitucional", Revista de la Facultad de Derecho de México, t. XLV, núms. 203-204, septiembre-diciembre de 1995, pp. 19-34 (pp. 29 y 32).
151 Cárdenas Gracia, Jaime F., Una Constitución para la democracia, p. 32.
152 Valencia Carmona, Salvador, Derecho constitucional mexicano a fin de siglo, p. 86. Cfr. Fix Zamudio, Héctor, "Supremacía del Ejecutivo en el derecho constitucional mexicano", pp. 157-158 y 179; Carpizo, Jorge, La Constitución mexicana de 1917, pp. 224 y 225; Valadés, Diego, La Constitución reformada, pp. 98-102, y Valencia Carmona, Salvador, "Reforma política", Problemas actuales del derecho constitucional, pp. 373-380 (pp. 376-377).
153 Molinar Horcasitas, Juan, El tiempo de la legitimidad. Elecciones, autoritarismo y democracia en México, México, Cal y Arena, 1991, p. 217.
154 Molinar Horcasitas distingue tres etapas en la legislación electoral mexicana: preclásica (1946-1963), clásica (1963-1976) y posclásica (desde 1977). Cada uno de esos periodos posee notas características, que son expresivas de las exigencias del régimen en cada momento histórico; cfr. Molinar Horcasitas, Juan, El tiempo de la legitimidad, pp. 28-60 y capítulos II y III, y Cárdenas Gracia, Jaime F., Transición política y reforma constitucional en México, pp. 92-107. Acerca de las reformas electorales de la última década del siglo XX, véase Schedler, Andreas, "Poder y confianza institucional: algunas hipótesis sobre las reformas electorales en México, 1990-1997", en Orozco Henríquez, J. Jesús (comp.), Ética y derecho electoral en el umbral del siglo XXI. Memoria del III Congreso Internacional de Derecho Electoral, México, UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1999, t. IV, pp. 1491-1505.
155 Cfr. Madrid Hurtado, Miguel de la, Elementos de derecho constitucional, pp. 274-276.
156 Félix F. Palavicini, uno de los diputados constituyentes, se expresaba en términos muy elocuentes en 1937, al calificar las reformas practicadas en el texto constitucional como innecesarias, ingenuas, estúpidas y criminales: cfr. Palavicini, Félix F., Historia de la Constitución de 1917, México, s. e., 1938, vol. II, pp. 638-639.
157 Lanz Duret, Miguel, Derecho constitucional mexicano, prólogo del licenciado Alfonso Noriega, Jr., p. VII.
158 Cfr. Valencia Carmona, Salvador, "La nueva estructura constitucional del municipio", Ruiz Massieu, José Francisco, y Valadés, Diego, Nuevo derecho constitucional mexicano, pp. 221-231 (p. 221); Valencia Carmona, Salvador, Derecho constitucional mexicano a fin de siglo, p. 54; Fix-Zamudio, Héctor, y Valencia Carmona, Salvador, Derecho constitucional mexicano y comparado, p. 409; Marquet Guerrero, Porfirio, La estructura constitucional del Estado mexicano, pp. 345-381; Cárdenas Gracia, Jaime F., Transición política y reforma constitucional en México, pp. 169-170; id, Una Constitución para la democracia, pp. 222-231, y Faya Viesca, Jacinto, El federalismo mexicano. Régimen constitucional del sistema federal, México, Porrúa, 1998, pp. 219-221, 227 y 228 y 254 y 255.
159 Tena Ramírez, Felipe, Derecho constitucional mexicano, p. 113. Daniel Moreno abunda en el quebranto experimentado a lo largo de la historia por el sistema federal en México, a causa de la centralización de facultades en el Congreso de la Unión y del incremento de atribuciones del Ejecutivo federal: cfr. Moreno, Daniel, Derecho constitucional mexicano, pp. 371-373.
160 Cfr. Ortiz Ramírez, Serafín, Derecho constitucional mexicano, pp. 516 y 517.
161 Cfr. González Casanova, Pablo, La democracia en México, pp. 41 y 43.
162 Fix-Zamudio, Héctor, y Valencia Carmona, Salvador, Derecho constitucional mexicano y comparado, p. 941. Cfr. Cárdenas Gracia, Jaime F., Una Constitución para la democracia, p. 235, y Faya Viesca, Jacinto, El federalismo mexicano, pp. 263-265 y 267-321.
163 Cfr. Valadés, Diego, "La Constitución y el poder", en Valadés, Diego, y Carbonell, Miguel (coords.), Constitucionalismo iberoamericano del siglo XXI, pp. 137-167 (p. 153).
164 Entre los escasos estudios sobre la regulación jurídica del medio ambiente en México pueden mencionarse: Carmona Lara, María del Carmen, et. al., Responsabilidad jurídica en el daño ambiental, México, UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas-Petróleos Mexicanos, 1998, y, desde una perspectiva civilista, Campos Díaz Barriga, Mercedes, La responsabilidad civil por daños al medio ambiente. El caso del agua en México, México, UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2000.
165 No obstante, conviene no olvidar que desde 1997 se han impulsado tres iniciativas de reformas constitucionales en materia indígena, que se sustentan en los Acuerdos de San Andrés entre el Gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional; cfr. González Galván, Jorge Alberto, "Las iniciativas de reformas constitucionales en materia indígena en México", Boletín Mexicano de Derecho Comparado, nueva serie, año XXXIII, núm. 97, enero-abril de 2000, pp. 359-377.
166 Cfr. Lanz Duret, Miguel, Derecho constitucional mexicano, p. 390, y Marquet Guerrero, Porfirio, La estructura constitucional del Estado mexicano, pp. 205-222.
167 Cfr. Valencia Carmona, Salvador, Derecho constitucional mexicano a fin de siglo, p. 210.
168 Cfr. Cossío D., José Ramón, "La representación constitucional en México", pp. 72 y 73; Hernández, Octavio A., La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pp. 114-117, t. I, y Arteaga Nava, Elisur, Derecho constitucional, pp. 62 y 64-65.
169 La tesis doctoral de Juan M. Vega Gómez, donde se dedica un amplio espacio al estudio de autores como Hart, Dworkin, Fish... es un signo alentador de que los tiempos están cambiando. Cfr. Vega Gómez, Juan M., Seguridad jurídica e interpretación constitucional, Tesis para optar al grado de doctor en Derecho, UNAM-Facultad de Derecho, División de Estudios de Posgrado, 2000. Ya en 1979, Rolando Tamayo había aludido, aunque de pasada, a las perspectivas que abría la ideología normativa del constitucionalismo, en el sentido en que la sustentaba Alf Ross, cfr. Tamayo y Salmorán, Rolando, Introducción al estudio de la Constitución, UNAM-Coordinación de Humanidades, 1979, pp. 174-175.
170 Cfr. Madrid Hurtado, Miguel de la, Elementos de derecho constitucional, p. 577; Madrid Hurtado, Miguel de la, Estudios de derecho constitucional, p. 125, y Orozco Henríquez, J. Jesús, "El sistema presidencial en el Constituyente de Querétaro y su evolución posterior", p. 41.
171 Cossío, José Ramón, Dogmática constitucional y régimen autoritario, p. 49, y Cossío D., José Ramón, "La representación constitucional en México", p. 77. Cfr. Madrid Hurtado, Miguel de la, Elementos de derecho constitucional, p. 40.
172 Cossío, José Ramón, Dogmática constitucional y régimen autoritario, p. 50, y Cossío D., José Ramón, "La representación constitucional en México", p. 78.
173 Cfr. Madrid Hurtado, Miguel de la, Elementos de derecho constitucional, pp. 63 y 275 y 276; Madrid Hurtado, Miguel de la, Estudios de derecho constitucional, pp. 152 y 153; Burgoa, Ignacio, Derecho constitucional mexicano, pp. 409-410; Carpizo, Jorge, La Constitución mexicana de 1917, pp. 131-282; Valencia Carmona, Salvador, Derecho constitucional mexicano a fin de siglo, p. 44; Serna de la Garza, José María, La reforma del Estado en América Latina, pp. 235 y 236, y Venegas Trejo, Francisco, "Perspectivas constitucionales de México para el siglo XXI", Hacia una nueva constitucionalidad, pp. 391-407 (pp. 395-396).
174 Cfr. Trueba Urbina, Alberto, La primera Constitución político-social del mundo, pp. 16-17, 24-25 y 37-38; Trueba Urbina, Alberto, Derecho social mexicano, pp. 239 y 240, y Madrid Hurtado, Miguel de la, Elementos de derecho constitucional, p. 575.
175 Lanz Duret, Miguel, Derecho constitucional mexicano, prólogo del licenciado Alfonso Noriega, Jr., p. XXIV.
176 Cfr. Serna de la Garza, José María, La reforma del Estado en América Latina, pp. 208 y 209.
177 Madrid Hurtado, Miguel de la, Elementos de derecho constitucional, pp. 616 y 617.
178 Cossío, José Ramón, Dogmática constitucional y régimen autoritario, p. 51; Cossío D., José Ramón, "La representación constitucional en México", p. 79, y Cossío Díaz, José Ramón, "Los supuestos de la constitucionalidad", p. 157.
179 Moreno, Daniel, Derecho constitucional mexicano, p. 457.
180 Algunas precisiones conceptuales en torno a los derechos sociales, Alexy, Robert, "Derechos sociales fundamentales", en Carbonell, Miguel; Cruz Parcero, Juan A., y Vázquez, Rodolfo (comps.), Derechos sociales y derechos de las minorías, pp. 67-85 (pp. 67-68).
181 Vega García, Pedro de, "Estado social y estado de partidos. La problemática de la legitimidad", Problemas actuales del derecho constitucional, pp. 389-407 (p. 394).
182 Valadés, Diego, La Constitución reformada, p. 12. Cfr. Marquet Guerrero, Porfirio, La estructura constitucional del Estado mexicano, pp. 133-136.
183 Cfr. Valadés, Diego, Constitución y política, México, UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1987, p. 44.
184 Cfr. Hernández, Octavio A., La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, t. I, pp. 80-81.
185 Cfr. Cossío, José Ramón, Dogmática constitucional y régimen autoritario, pp. 53-65 y Cossío D., José Ramón, "La representación constitucional en México", pp. 81-91.
186 Huerta Ochoa, Carla, Mecanismos constitucionales para el control del poder político, p. 65.
187 Cfr. Valencia Carmona, Salvador, "Las tendencias constitucionales básicas después de 1917", pp. 75-80; Carpizo, Jorge, Derechos humanos y ombudsman, México, Comisión Nacional de Derechos Humanos-UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1993, y López-Ayllón, Sergio, y Fix-Fierro, Héctor, "' Tan cerca, tan lejos'. Estado de derecho y cambio jurídico en México (1970-1999) ", pp. 213-216.
188 Cfr. Huerta Ochoa, Carla, Mecanismos constitucionales para el control del poder político, p. 59.
189 Martínez Bullé-Goyri, Víctor, "Un siglo de desarrollo de los derechos humanos en México, 1900-1998", et. al., La ciencia del derecho durante el siglo XX, pp. 111-159 (p. 131).
190 Cfr. Cárdenas Gracia, Jaime F., "En búsqueda de diseños constitucionales para la transición", p. 94; Cárdenas Gracia, Jaime F., Transición política y reforma constitucional en México, p. 168; id., Una Constitución para la democracia, p. 30.
191 Cfr. Tena Ramírez, Felipe, Derecho constitucional mexicano, pp. 26-28, y Madrid Hurtado, Miguel de la, Elementos de derecho constitucional, pp. 253 y 254.
192 Schmill Ordóñez, Ulises, El sistema de la Constitución mexicana, pp. 366 y 367. Cfr. Faya Viesca, Jacinto, El federalismo mexicano, pp. 23-24.
193 Fix Zamudio, Héctor, "Estudio sobre la jurisdicción constitucional mexicana", p. 141.
194 Cfr. Martínez Báez, Antonio, Obras, vol. I, p. 49.
195 Cossío D., José Ramón, "La ciencia jurídica contemporánea y la difícil explicación del derecho indígena", Revista del Senado de la República, vol. 4, núm. 11, abril-junio de 1998, pp. 33-52 (p. 33).
196 Chacón Hernández, David, "Autonomía y territorialidad de las etnias", en Gómez González, Gerardo, y Ordóñez Cifuentes, José Emilio R. (coords.), Derecho y poder: la cuestión de la tierra y los pueblos indios, México, Universidad Autónoma de Chapingo, Departamento de Sociología Rural, 1995, pp. 119-138 (p. 122).
197 Cfr. Lipenz, Franz, "Hacia el aprecio a las diferencias", VI Jornadas Lascasianas. La problemática del racismo en los umbrales del siglo XXI, México, UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1997, pp. 409-428.