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 REVISTA JURIDICA
Boletín Mexicano de Derecho Comparado
           InfoJus     Publicaciones     Anuario Mexicano     Contenido     Vol. XIV
 


FUNCIONES Y FACULTADES DEL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN

Manuel GONZÁLEZ OROPEZA

SUMARIO: I. Orígenes de la estructura. II. Facultades y funciones iniciales. III. El refrendo ministerial. IV. Otras facultades políticas.

I. ORÍGENES DE LA ESTRUCTURA

Las funciones políticas encomendadas a la Secretaría de Gobernación desde su origen, han tenido una amplitud diversa, pero todas ellas son de una importancia decisiva para la administración pública federal.

Desde el Reglamento para el Gobierno Interior y Exterior de las secretarías de Estado y del Despacho Universal del 8 de noviembre de 1821, la administración pública fue dividida en cuatro grandes áreas, que se mantuvieron incólumes hasta la promulgación de las Bases para la Administración de la República del 22 de abril de 1853. Estas áreas fueron hacienda, justicia, guerra y marina y, finalmente, gobierno o como se le denominó a partir de 1824, relaciones. Todas estas áreas recibieron el nombre y la estructura que, desde el siglo XVIII, en España se otorgaba a las dependencias del Ejecutivo; secretarías de Estado y del Despacho Universal; por lo que la afirmación de Luis García Cárdenas resulta válida al mencionar que: "la administración pública del naciente Estado, trae consigo el sello de la administración colonial".1

La Secretaría de Estado y del Despacho Universal de Relaciones se encargaba tanto del aspecto interno, que sería conocido como Ramo de Gobernación, como del aspecto externo de las Relaciones Internacionales del país; sus facultades fundamentales políticas eran en consecuencia inmensas, basta constatarlo en las Memorias que obligatoriamente el secretario correspondiente ofrecía con periodicidad anual al Congreso de la Unión, en acatamiento del artículo 120 de la Constitución de 1824. En dichas Memorias, el secretario daba cuenta de los pasaportes que había expedido a los ciudadanos mexicanos que viajaban al exterior y que, en esa época, eran excepcionalmente requeridos por los países europeos; de la misma manera, el secretario de Relaciones se ocupaba de la condición de los extranjeros en nuestro país, por lo que la expulsión de los españoles y las exigencias de los empresarios extranjeros en nuestro país fueron los primeros problemas a resolver en la primera mitad del siglo XIX; la regulación de la libertad de imprenta, entre otras libertades, estaba bajo la esfera de atribuciones del secretario. Si bien el Ejército federal estaba bajo el comando del secretario de Guerra y Marina, las milicias cívicas, llamadas también guardia nacional, se encontraban bajo la supervisión de la Secretaría de Relaciones, respetando siempre el mando natural que le correspondía a los gobernadores en sus respectivos estados. Todo lo relativo al gobierno de los territorios federales, entre ellos el propio Distrito Federal, era también competencia de este ramo; igualmente, la seguridad interior, las instituciones de beneficencia y la actividad de fomento (agricultura y minería), acompañada de las políticas de colonización fueron facultades ejercidas por el secretario correspondiente.

A diferencia del sistema presidencial de los Estados Unidos, el nombramiento y la remoción de los secretarios de Estado fueron atribuciones exclusivas del presidente de México, sin ningún control o participación del Congreso y, desde 1822 hasta 1994, ha sido la regla sin excepción de esta libertad de nombramiento. En el último año referido, el cargo de procurador general de la República se sometió a la ratificación del Senado, constituyéndose así en el único cargo del gabinete donde el presidente no cuenta con la libertad absoluta de nombramiento, que se observa y permanece inalterada para el resto de los cargos ministeriales.

Las relaciones entre la administración pública y el Congreso de la Unión, hasta 1874 por lo menos, fueron intensas y flexibles, con canales de intercomunicación abiertos y con las formalidades mínimas, por lo que estas características contrastan con las del sistema presidencial de Estados Unidos, ya que la separación entre ambos órganos de gobierno en aquel país no permitió lo que en México se practicó desde el inicio de su vida constitucional, y que fue la participación e integración de los secretarios de Estado en los debates de cualquier tema que estuviera el Congreso desahogando en sus sesiones, para lo cual, los propios secretarios, tomaban la palabra en los debates aunque no fueran interpelados, a pesar de que el tema debatido no fuera estrictamente de su competencia. Esta práctica fue propuesta sin éxito por Pendleton, hacia 1890 en Estados Unidos, y fue la tónica en nuestro país hasta que Benito Juárez iniciara la reforma constitucional de 1867, cristalizada en 1874, que prohibió la asistencia e interpelación directa a los secretarios por parte del Congreso de la Unión.

La estructura orgánica de la Secretaría de Relaciones, típica de las demás secretarías, consistía en una planta muy pequeña de funcionarios: un secretario, oficial mayor primero, oficial mayor segundo, oficial segundo, primera categoría, oficial segundo, segunda categoría, oficiales (del 3o.-8o.), archivero, dos oficiales de archivo, un portero, un mozo de oficio, dos ordenanzas y cuatro escribientes. El cargo de subsecretario sería invención de Porfirio Díaz en 1901.2 No obstante, dada la carga de trabajo de la Secretaría de Relaciones, Lucas Alamán sugiere su división en las dos áreas fundamentales de su competencia hacia 1831: las relaciones interiores y las exteriores. Estas dos amplias esferas de competencia se explicitan en las Bases de organización para el gobierno provisional de la República, del 18 de octubre de 1841, donde se transforma la Secretaría de Relaciones con el nombre de Secretaría de Relaciones Exteriores y de Gobernación, cuyas competencias se enlistan de manera genérica en la circular de la misma fecha, haciendo referencia a las siguientes atribuciones: alojamiento, ayuntamientos, archivo general y público, asambleas o juntas departamentales, consejo de gobierno, consejería, división de territorio, epidemias, hospicios y hospitales.

En las Bases Orgánicas de 1843, el nombre de esta Secretaría se amplía al de Relaciones Exteriores, Gobernación y Policía; el inspirador del desarrollo administrativo de esta dependencia, Lucas Alamán había expuesto desde febrero de 1838, en su Examen de la organización general de la administración pública, la necesidad de especializar las facultades encomendadas a esta Secretaría, por lo que ante la crisis política de 1853, cuando no existía Congreso en el país y el presidente de la República asumía facultades extraordinarias, en el mismo año de su muerte, Alamán logra promover la reforma que conduciría a la creación de dos secretarías: la de Gobernación por un lado y la de Fomento, por el otro, el 22 de abril de 1853.

II. FACULTADES Y FUNCIONES INICIALES

Las primeras funciones encomendadas a la nueva Secretaría de Gobernación durante la administración de Antonio López de Santa Anna, fueron determinadas mediante decreto del 7 de mayo del referido año de 1853 y fueron las siguientes:

  1. Consejo de gobierno. Este organismo tuvo sus orígenes en la Constitución de 1824 y ejerció gran influencia en materia política y administrativa, tenía dentro de sus funciones el control político de la constitucionalidad de las leyes y podía anular las mismas cuando estuviesen en contra de lo dispuesto por la ley fundamental del país. De la misma manera, el Consejo de Gobierno era de consulta obligada por el presidente de la República, por lo que el secretario de Gobernación fungía como enlace.3

  2. Gobierno interior de la República. La gobernación se consideró siempre como la facultad de supervisión política de los gobiernos de los estados, o en su caso, de los departamentos. En la etapa federal, cuando existían los territorios federales, es decir hasta 1973, los gobiernos territoriales debían transmitir toda su corrrespondencia oficial hacia el gobierno federal a través del secretario de Gobernación. El secretario supervisaba igualmente, por encargo del presidente de la República al gobierno del Distrito Federal, y el gobernador de esta entidad ventilaba los asuntos a través del secretario de Gobernación. La organización original del Distrito Federal, de acuerdo con el decreto del 18 de noviembre de 1824, reformado el 20 de marzo de 1837, contemplaba distritos, en número de cinco originalmente, a cargo de un prefecto cada uno; la Secretaría de Gobierno se subdividía en ocho secciones, cuya función individual era atender los servicios públicos de la entidad.

  3. Política de seguridad. La seguridad nacional ha sido siempre encomendada a esta secretaría en su aspecto de planeación y regulación, y coordina para ello las fuerzas armadas federales y las estatales.

  4. Montepíos e instituciones de beneficencia.

  5. Cárceles. Como se aprecia, desde la creación de la secretaría se ha considerado que el sistema penitenciario está bajo la competencia del Poder Ejecutivo a través del secretario de Gobernación.

  6. Como primicia de la vigilancia de las garantías individuales.

  7. Propiedad literaria.

  8. Festividades nacionales.

  9. Pestes y epidemias.

  10. Vacunas.

En 1861, Benito Juárez volvió a reducir el número de secretarías de Estado al original de cuatro, por lo que la Secretaría de Gobernación no volvió a tener identidad propia hasta el 29 de noviembre de 1867, cuando se le separaba de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Cabe mencionar que cuando ambas secretarías estuvieron juntas conservaron preeminencia en el gabinete, ya que las órdenes del presidente de la República hacia las otras dependencias ejecutivas siempre se canalizaban a través de esta Secretaría compleja.

De acuerdo con la Ley de Secretarías del 23 de febrero de 1881, la Secretaría de Gobernación reportaba sus actividades, de acuerdo con cinco sesiones: 1) servicio postal; 2) seguridad pública rural; 3) beneficencia; 4) gobierno del distrito y territorios federales y 5) relaciones con los gobiernos de los estados. No obstante, en las Memorias de la Secretaría de Gobernación de 1884-1886, destaca la información de esta Secretaría respecto a la observancia de la Constitución, con especial referencia al respeto de los derechos humanos y la libertad de imprenta y de cultos, así como lo relativo a la división territorial y la seguridad y paz pública. En esa época, la existencia de una policía rural estaba a cargo de la Secretaría de Gobernación y operaba con nueve cuerpos de caballería en 218 plazas cada una. Esta policía rural es el antecedente de la policía federal de caminos, ya que entre sus atribuciones se encontraba el cuidado de las vías férreas y caminos públicos. Como parte de sus facultades en materia de beneficencia, la Secretaría de Gobernación controlaba el funcionamiento de la Lotería Nacional. De la misma manera, como parte de sus atribuciones sobre el gobierno del Distrito Federal, la Secretaría de Gobernación estuvo facultada hasta 1921, para resolver lo relativo a la Instrucción Pública en el Distrito y territorios federales, en sus distintos niveles educativos.

III. EL REFRENDO MINISTERIAL

Las facultades actuales de la Secretaría de Gobernación se encuentran contempladas en los artículos 13 y 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública. El primero se refiere al refrendo de decretos del presidente, que se establece en el artículo 92 constitucional, y el segundo desarrolla en una treintena de fracciones, las demás facultades políticas e intergubernamentales de la Secretaría.

El refrendo es una institución que cuenta con una gran tradición, aunque las características de su regulación en el artículo referido proviene apenas de 1985. El refrendo en España es anterior al siglo XVII.4 Cuando la monarquía era absoluta, el refrendo se consideraba como el registro fehaciente de las provisiones reales, según lo prescribía la ley primera del título décimoquinto, libro segundo de la Recopilación de las Leyes de Indias.

La disposición constitucional mexicana se refiere, desde 1824, a los reglamentos, decretos y órdenes del Poder Ejecutivo. Los reglamentos poseen, desde entonces, la categoría de normas complementarias a las leyes u ordenamientos expedidos por los poderes de gobierno para la organización o el funcionamiento de dependencias, siendo su promulgación facultad exclusiva del órgano que lo aprobó. De tal manera, así se encuentran todos los reglamentos expedidos por el Poder Ejecutivo en uso de la atribución que le confiere el artículo 89, fracción I y que, a partir de 1932, configura parte de los decretos promulgatorios de las leyes.

Desde la colonia, el término "decreto" se definía como la comunicación de un asunto público en forma escrita y originada por la consulta del ejecutivo o rey a organismos asesores permanentes, formalmente se trataba de una consulta o proyecto de resolución de un órgano colegiado al ejecutivo o rey; contenía una exposición de motivos, la resolución, fecha y ciudad en que se expedía.

Durante el siglo XVIII, con el recrudecimiento del absolutismo español, se emitieron con profusión las "órdenes", que eran los negocios documentados del rey hacia un súbdito a través del secretario del despacho correspondiente.5

De tal manera, cuando la Constitución de Apatzingán se refería en los artículos 144 y 145, a la firma de los decretos, órdenes y circulares aprobados por el Poder Ejecutivo, que entonces era colegiado, a la manera de la Constitución francesa de 1795, por los secretarios del Despacho, esta Constitución diferenció claramente los decretos del Ejecutivo de las leyes en sentido estricto, ya que el objetivo del refrendo era, según el artículo 145 citado, hacer a los secretarios responsables "en su persona" de los decretos, órdenes y demás que autoricen con su firma contra el tenor de la Constitución o de las leyes que se promulgasen. Este criterio muestra claramente que ningún tipo de decreto, ni siquiera el promulgatorio de leyes, debía contravenir las leyes, ni formal ni materialmente, cuando éstas se aprobasen o aplicasen.

Aunque, el proyecto de Acta Constitutiva contuvo, en su artículo 17, una disposición idéntica al actual artículo 92 constitucional, con la siguiente redacción: "Todos los decretos y órdenes del Supremo Poder Ejecutivo deberán ir firmados por el Secretario del ramo a que el asunto corresponda, y sin este requisito no serán obedecidas", en la sesión extraordinaria del Congreso Constituyente, correspondiente al 2 de enero de 1824, se decidió posponer su aprobación a la discusión del proyecto de Constitución, lo cual tuvo verificativo el 5 de agosto de 1824, quedando como artículo 118 del texto constitucional de ese año. El dictamen rendido por la comisión del Congreso aludió a la siguiente razón para incluir al refrendo dentro de nuestro sistema presidencial: "los secretarios de Despacho son los únicos órganos por donde debe el supremo Poder Ejecutivo comunicar sus órdenes, y las que no estuviesen autorizadas por el secretario respectivo, no deberán ser obedecidas, y será castigado con arreglo a las leyes el que las obedeciere sin este requisito".6

Como se aprecia, los constituyentes originarios consideraron al refrendo, de amplia tradición parlamentaria, como un medio de comunicación entre el presidente y la población o las demás autoridades del país, y nunca se consideró como una limitación seria a la autoridad presidencial, según se desprende del dictamen rendido en la sesión del 6 de diciembre de 1830, recaído a la iniciativa de la legislatura del estado de Tamaulipas del 15 de noviembre de este año, por la cual se proponía que los secretarios de Estado fuesen nombrados por las dos terceras partes de los vocales del consejo de gobierno:

    El presidente de la República nada puede hacer sin los secretarios del Despacho; sus reglamentos, decretos y órdenes no serán obedecidos sin ir firmados por el secretario del ramo a que el asunto corresponda: para nombrar, pues, así como para remover estos primeros agentes de su autoridad suprema, deben proceder con entera libertad. En un gobierno republicano, el primer magistrado debe tener, para nombrar sus ministros, que pueden llegar a ser sus rivales, una autoridad más absoluta que un monarca hereditario.7

De tal suerte, durante la Primera República federal, el refrendo fue una institución que no tuvo ningún tinte de control hacia el presidente, sino que se aprobó como un medio de certeza hacia las órdenes de exclusiva competencia del presidente y que los secretarios deberían de confirmar y supervisar su legal ejecución.

El refrendo fue transformándose como una pretendida medida de responsabilidad con el Acta de Reformas de 1847. Mariano Otero propuso en la sesión del 29 de abril de dicho año:

"El presidente es responsable de los delitos comunes que cometa durante el ejercicio de su encargo, y aun de los de oficio, exceptuados por la Constitución, siempre que el acto en el cual consistan no esté autorizado por la firma del ministro responsable".8 En cuyo caso, supongo, cabría la responsabilidad del propio secretario de Estado, liberando al presidente de tal carga.

Durante la etapa centralista, el refrendo fue adquiriendo, equivocadamente, el carácter de institución aplicable a los actos propios del Ejecutivo. Esta medida fue adoptada, sin duda, para evitar la responsabilidad del propio presidente y transferirla en la persona de los secretarios de Estado. Las Leyes Constitucionales de 1836 reiteran esta idea. En la ley cuarta, artículos 31 y 32 se percibe la extensión del refrendo a las leyes, ya que dichos preceptos se refieren a los reglamentos decretos y órdenes del presidente refrendados, además de establecer que cada secretario sería responsable de la falta de cumplimiento a las leyes de su competencia y de los actos del presidente que autorice con su firma.

La misma ley cuarta en sus artículo 103 y 104, complementaba las disposiciones antes referidas, donde por vez primera se refería a la competencia de los secretarios para autorizar con su firma "las leyes y decretos del Congreso"; aunque, por otra parte, seguía insistiendo en la facultad diferenciada de autorizar con su firma los reglamentos decretos y órdenes del presidente, con lo cual ponía en dos dimensiones la misma institución del refrendo.

En el fondo de nuestra historia constitucional subyace la pretensión de hacer responsables a los secretarios de los actos del presidente que sean contrarios a la Constitución y leyes generales; aunque también se agregó en las Bases Orgánicas de 1843; la responsabilidad del refrendo ministerial contra las Constituciones y estatutos de los departamentos. En la sesión del Congreso del 12 de mayo de 1843 se enfatizó esta pretensión, llegando incluso el diputado Larráinzar a proponer que los secretarios de Estado deberían no sólo ser responsables por los actos refrendados contra la Constitución y las leyes, sino incluso por las omisiones "notorias" que en esa materia incurrieran. La Comisión del Congreso desechó la propuesta, ya que caracterizó al refrendo como una facultad derivada de los actos del presidente, quien es el único que tiene autoridad propia y plena, por lo que los secretarios no podrían incurrir en responsabilidad "por omisión".

A partir de 1857, el refrendo toma carta de naturalización en México con la experiencia previa, como una medida de responsabilidad de los secretarios, para actos del presidente eliminándose la referencia que Las Siete Leyes Constitucionales hacían de la firma de leyes y decretos del Congreso, y reservándose exclusivamente esta facultad a los reglamentos, decretos y órdenes del presidente. En conclusión, podemos afirmar que las leyes, desde 1824, deben ser firmadas sólo por el presidente "sin excusa" (artículos 48 y 56 de la Constitución de 1824), y el refrendo fue la solución para desviar la responsabilidad que el Congreso pudiera fincar en el titular del Ejecutivo, cuando éste expidiera reglamentos, decretos u órdenes, de su exclusiva competencia, en la persona de los secretarios de Estado. Actualmente, la doctrina reconoce que la promulgación no es potestativa del presidente de la República,9 por lo que tampoco el refrendo de un decreto promulgatorio de ley no debe ser potestativo para un secretario por las siguientes razones lógicas:

  1. El decreto de promulgación no es un acto propio y al arbitrio del presidente, ya que contiene una ley, aprobada por el legislador en sentido formal, reconocido constitucionalmente, y en cuyo proceso legislativo no están los secretarios de Estado como parte integrante, máxime que el artículo 92 de la carta fundamental no establece que las leyes se refrendan, como lo determinaba la Ley Cuarta constitucional de 1836.

  2. La promulgación, acto propio del presidente, pero derivado de un proceso legislativo, se transforma en un acto de obligada consumación, cuando los vetos han sido superados; por lo que el refrendo del decreto que contiene la ley, se trata de un acto subordinado y derivado que se desnaturaliza cuando se le encomienda a los secretrios del despacho, pues la posibilidad real de su ausencia, implicaría convertirlo en un super veto.

  3. El proceso legislativo se confiere sólo a los titulares de los poderes Legislativo y Ejecutivo, por lo que el producto de ambos no puede ser revisado, ni condicionado, por la administración pública, que se encuentra subordinada a uno de los poderes. Así mismo, desde 1824, el límite del refrendo es la propia ley, por lo que no puede suspender la entrada en vigor de una ley porque precisamente la estaría infringiendo.

  4. Para que procediese el refrendo de los decretos promulgatorios de ley, siendo un acto secundario de obligada consumación por el presidente, no pueden poner en peligro la entrada en vigor de una ley, cuando en principio, los secretarios deben velar por el respeto a la ley.

Por los motivos anotados, consideramos que la reforma al artículo 13 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de diciembre de 1985, permite el refrendo de las leyes por el secretario de Gobernación es una incongruencia con los antecedentes y objetivos de esta institución, que debe circunscribirse a limitar los actos exclusivos del presidente para sujetarlos al respeto de la ley y la Constitución, y no revertirse contra el Congreso al no refrendar sus leyes aprobadas y contenidas en los decretos promulgatorios de las mismas.

IV. OTRAS FACULTADES POLÍTICAS

Por otra parte, cabe recordar el preponderante papel del presidente de la República como legislador, que Benito Juárez impulsó desde 1850 en su estado natal de Oaxaca y en 1870, a nivel federal. A partir de esta experiencia centenaria, la mayoría de las iniciativas de ley provienen del titular del Poder Ejecutivo, por lo que el secretario de Gobernación, en su carácter de enlace entre ambos poderes, es el encargado de tramitar o "presentar" las iniciativas.

El secretario de Gobernación publica desde 1870 el Diario Oficial de la Federación, por lo que la disposición, aún vigente, contenida en el artículo 120 constitucional y que obliga a los gobernadores de los estados a publicar las leyes federales, resulta obsoleta, puesto que la intención de ello operaba cuando la Federación no contaba con un periódico oficial para hacer las publicaciones de sus propias leyes.

Desde el siglo XIX se le confía a la Secretaría de Gobernación la supervisión en el cumplimiento de las garantías individuales en el país. De esa manera, queda patente el hecho de que la protección de las garantías individuales es competencia de todas las autoridades del país, sean ejecutivas, legislativas o judiciales; estén en el ámbito municipal, estatal o federal. Si bien el artículo 103, fracción I, constitucional determina la competencia del Poder Judicial federal en esta materia, lo mismo que el artículo 102, apartado B, para las comisiones de derechos humanos; las garantías individuales previstas en la Constitución federal y los demás derechos contemplados en las leyes federales, también son exigibles a las autoridades ejecutivas, legislativas y judiciales de los estados por disposición del párrafo tercero del artículo 108 de la Constitución federal; en cuanto a la responsabilidad penal federal, también se exige a los miembros de los ayuntamientos por aplicación del artículo 109, fracción II constitucional.

En este contexto, la disposición legal del artículo 27, fracción IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que confiere a la Secretaría de Gobernación facultades en materia de derechos humanos, resulta una obligación que es compartida por todas las demás autoridades constitucionales, en sus respectivas competencias, ya que se trata de una materia concurrente. Corresponde a la discreción del presidente y secretario en turno dar concreción a esta facultad, supervisando o proponiendo acciones concretas y coordinadas con los demás poderes y organismos que también cuentan con los mismos objetivos.

Además, el secretario de Gobernación está facultado para explicar el artículo 33 constitucional que habla de expulsión de extranjeros. Según la Ley de Población, sólo puede deportarse a un extranjero cuando ha cometido un ilícito cuya gravedad justifique su expulsión. Dicho ilícito puede ser su ingreso ilegal a nuestro país. La jurisprudencia mexicana ha consolidado la tesis de que la expulsión de extranjeros por perniciosos es una facultad exclusiva y discrecional del presidente de la República, ejecutada por el secretario de Gobernación, contra la cual no procede la suspensión en el juicio de amparo (Semanario Judicial de la Federación, quinta época, t. II, p. 146; t. V, p. 337 y t. XI, p. 1024).

La orden de expulsión la decreta directamente el presidente de la República y no el secretario de Gobernación, por lo que la decisión presidencial es preeminente y los tribunales no pueden modificarla (Semanario Judicial de la Federación, quinta época, t. LXXV, pp. 8043 y 8044.).

Desde el decreto del 23 de diciembre de 1824 se concedió al gobierno federal la facultad para "expulsar" a extranjeros. La Ley Cuarta constitucional en su artículo 17, fracción XXXIII, otorgó al presidente la facultad para expeler a extranjeros "sospechosos", epíteto transformado por "pernicioso" en el artículo 87, fracción XXIV, de las Bases Orgánicas de 1843.

El primer caso que se dio por expulsión de extranjeros fue el de españoles en 1828. A este célebre caso le siguió la expulsión de Joel R. Poinsett, el 1o. de julio de 1829, cuando el entonces secretario de Relaciones, José María Bocanegra, solicitara su retiro, a través del canal diplomático de José María Montoya, encargado de negocios en México en Estados Unidos, ante el secretario de Estado de aquel país.

Posteriormente, el 5 de diciembre de 1835, Antonio López de Santa Anna solicitó al gobierno de esa misma nación, el retiro de Anthony Butler, a quien se le acusó de participar activamente en el secesión de Texas.

En el presente siglo, el primer caso se dio igualmente con otro estadounidense, John Lind, a quien se le declaró persona non grata el 6 de agosto de 1913, por abuso de su representación diplomática. El secretario Garza Aldape, del régimen de Victoriano Huerta, dirigió una nota a la Embajada de Estados Unidos en México.

El caso de Boris P. Kolomiakov, agregado de la embajada de la entonces Unión Soviética, puede asimilarse a las anteriores, ya que según se desprende de la nota del embajador de la Unión Soviética del 30 de abril de 1958, se notifica de su salida definitiva del país. Un caso más reciente se dio el 18 de marzo de 1971, cuando el entonces presidente Luis Echeverría declaró personas non gratas a Dimitri A. Diakanov, encargado de negocios de la Embajada de la Unión Soviética en México, así como a Boris P. Kolomiakov (por segunda ocasión), quien fungía como primer secretario, y a Oleg M. Netchiporenko, segundo secretario. La expulsión se hizo mediante conferencia de prensa y entrega de nota diplomática al primer viceministro de Negocios Extranjeros.

Como se observa, en un principio, la facultad presidencial se ejerció con respecto a extranjeros con jerarquía diplomática, puesto que la migración era relativamente libre, máxime que se pretendía la colonización del país con migrantes extranjeros: rusos en las Californias y estadounidenses en Texas, fueron recibidas colonias abundantes y auspiciadas por los gobiernos mexicanos de la primera mitad del siglo XIX.

Durante esa época, la expulsión de extranjeros era más formal, de conformidad con la jerarquía de los representantes, y se tramitaba ante el diplomático mexicano en el país de origen del extranjero en cuestión. A partir del siglo XX, el procedimiento ha sido directo mediante la declaratoria de ser persona non grata o aplicando los supuestos del artículo 33 constitucional, en el sentido de que la presencia de un extranjero se considera inconveniente. La terminología de persona non grata proviene del artículo 9o. de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas de 1961, ratificado y publicado en México el 20 de febrero de 1965.

El secretario de Gobernación desempeña funciones de gran relevancia para el federalismo y el principio de división de poderes constituye el enlace natural entre el presidente de la República y las demás autoridades. En ocasiones, el canal de comunicación tendido entre sus atribuciones legales le imponen obligaciones más específicas, como sería la auxiliar al Poder Judicial federal en el mejor desempeño de sus funciones.

Notas:
1 García Cárdenas, Luis, "Antecedentes y desarrollo de la administración pública en México", Revista de Administración Pública, México, núm. 54, p. 226.
2 La circular de la Secretaría de Relaciones del 25 de junio de 1900 crea la figura de los subsecretarios dentro de las secretarías de Estado, con el objeto de llevar a cabo el ejercicio de decretos, es decir, de refrendar los decretos en caso de que el secretario estuviere ausente. Esta circular confirma la aseveración de que sólo los actos propios del Ejecutivo son susceptibles de refrendo, puesto que aun la firma es delegable en el subsecretario; dicha circular estableció el cargo de subsecretario en los siguientes términos: "teniendo en cuenta la delicadeza del ejercicio de decretos, conferido para los efectos del artículo 88 constitucional, a los oficiales mayores o subsecretarios cuando suplen a los secretarios de Despacho, el señor presidente ha tenido a bien acordar que se circule... que dicho ejercicio compete sólo a los oficiales mayores investidos con él en su nombramiento quienes, en diversas disposiciones y recientemente en el presupuesto para el próximo año fiscal, llevan el título de subsecretarios. Por lo mismo, cuando haya en algún ministerio, además del subsecretario, otro oficial mayor, no tendrá el segundo el citado ejercicio". Torre, Juan de la, Biblioteca jurídica mexicana. Constitución federal con todas su leyes orgánicas y reglamentarias, México, Antigua Imprenta de Murguía, 1910, pp. 71 y 335.
3 González Oropeza, Manuel, "El Consejo de Gobierno", Boletín Mexicano de Derecho Comparado, México, nueva serie, año XXI, núm. 61, enero-abril de 1988, pp. 189-206.
4 Miranda, José, Las ideas y las instituciones políticas mexicanas, 2a. ed., México, UNAM, 1979, p. 102.
5 Real Díaz, José Joaquín, Estudio diplomático del documento indiano, pp. 121-123.
6 Montiel y Duarte, Isidro, Derecho público mexicano, 1879, t. II. Este dictamen se discutió el 3 y 14 de julio de 1824, retornando a la comisión respectiva y se volvió a discutir el 20 de julio, p. 133.
7 Ibidem, p. 294.
8 Ibidem, p. 378. Una vez aprobado, el artículo fue el número 16 del Acta.
9 Rodríguez y Rodríguez, Jesús, "El refrendo y la perfección del acto legislativo", El refrendo y las relaciones entre el Congreso de la Unión y el Poder Ejecutivo, México, Miguel Ángel Porrúa-UNAM, 1986, p. 99.